La Audiencia Provincial de A Coruña ultima la cuantificación de la responsabilidad civil por los daños causados por la marea negra del petrolero Prestige, que previsiblemente hará pública la próxima semana, una labor "muy complicada" con más de mil perjudicados.
El fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, explica en una entrevista con Efe el momento procesal de este caso, que comenzó su instrucción en 2003 en el Juzgado de Corcubión (A Coruña), tarea que se prolongó durante ocho años antes de pasar a la Audiencia Provincial coruñesa en 2011, aunque no fue hasta octubre de 2012 cuando comenzó la vista oral.
El juicio quedó visto para sentencia después de ocho meses, 400 horas en 89 sesiones, y 204 declaraciones de testigos y peritos, y justo once años después del accidente, el 13 de noviembre de 2013, el tribunal dictó sentencia en la que absolvió al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y al capitán del barco, Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medioambiente.
Solo condenó a este último a nueve meses de prisión por desobediencia y además eximió al Estado de sufragar los gastos por los daños originados por el vertido del petrolero, que perdía diariamente 125 toneladas de fuel por las grietas del casco.
El abogado del Estado, la Xunta, el Ministerio Fiscal y el Estado francés son algunas de las partes que recurrieron el fallo, y en enero de 2016 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revocó la sentencia de la Audiencia de A Coruña al condenar por unanimidad a dos años de prisión al capitán del barco por delito medioambiental.
Además, no se admitió un recurso de amparo que interpuso Mangouras por este fallo ante el Tribunal Constitucional.
"En España ya no hay más posibilidades de alegar nada sobre esta sentencia, está cerrado el círculo", resume el fiscal, que confiesa haber sentido hace quince años "impotencia al ver la magnitud de la catástrofe, absolutamente desbordante para todos".
Una vez determinada la responsabilidad del capitán, así como los responsables civiles que serían la empresa propietaria del buque, la armadora y aseguradora, se procede a cuantificar la cantidad económica a la que tiene derecho cada perjudicado.
"Esto iniciaría una segunda fase, que es reclamar a quien tiene el dinero, a quien es solvente, que es seguramente la aseguradora", sostiene García Ortiz.
En estos momentos, la Audiencia coruñesa evalúa las alegaciones de las partes para establecer qué cantidad se le reconoce a cada una por el perjuicio causado por el Prestige, entre las que figuran el Estado español, el francés, conserveras, marineros, municipios o la propia Xunta.
Así, por ejemplo, el Estado español pide por las ayudas que ha dado o por la limpieza de las playas, y una empresa de mariscos reclama también por los perjuicios en las capturas o la comercialización.
En cuanto a los importes, el fiscal cita entre las reclamaciones presentadas las del Estado español, que pide como perjuicio directo, más allá de los daños ambientales, mil millones de euros; y la Fiscalía, que estima los daños del Prestige en más de cuatro mil millones, que recibiría el Estado.
Álvaro García Ortiz asegura que esta fase de cuantificación está "hacia el final, terminando". "Es una labor muy complicada porque perjudicados hay muchos, más de un millar, que piden por cada uno de ellos y el proceso de evaluación es bastante complejo", resume.
Fuera de España de momento no se han presentado reclamaciones en los tribunales londinenses, donde radica la aseguradora, sino que será al cuantificarse las cantidades a las que tienen derecho los perjudicados cuando se puedan dirigir a la aseguradora para reclamarle dichos importes.
Dado que esta no reconoce la capacidad del tribunal español para este fin, "la batalla judicial será muy interesante para ver si se puede cobrar", asegura el fiscal de Medio Ambiente de Galicia.
En cuanto a las aspiraciones de los perjudicados en esta eventual instancia, la póliza del seguro está limitada a mil millones, por lo que habría que hacer una prorrata en función de la cantidad que el tribunal reconozca ahora a cada uno de ellos, lo que se sabrá previsiblemente la próxima semana, cuando se cumplen 15 años de la mayor catástrofe ecológica de España.
