La Audiencia Provincial de A Coruña ultima la cuantificación de la responsabilidad civil por los daños causados por la marea negra del petrolero Prestige, que previsiblemente hará pública la próxima semana una labor "muy complicada" con más de mil perjudicados. El domingo 19 se cumplirán además 15 años desde el hundimiento del buque, la mayor catástrofe ambiental de España.

El fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, explicó ayer en una entrevista con Efe el momento procesal de este caso y ve necesario que España "mejore en la capacidad de respuesta jurídica" ante causas judiciales derivadas de una catástrofe como esta ademas de exigir "altos estándares de seguridad en la navegación". La instrucción del Prestige comenzó en 2003 en el Juzgado de Corcubión (A Coruña), tarea que se prolongó ocho años antes de pasar a la Audiencia Provincial coruñesa en 2011, aunque no fue hasta octubre de 2012 cuando comenzó la vista oral. El juicio quedó visto para sentencia justo once años después del accidente en noviembre de 2013 cuando el tribunal dictó sentencia en la que absolvió al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y al capitán del barco, Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medioambiente. Solo condenó a este último a nueve meses de prisión por desobediencia y eximió al Estado de sufragar los gastos por los daños originados por el vertido del petrolero, que perdía al día 125 toneladas de fuel por las grietas del casco.

En enero de 2016 el Tribunal Supremo revocó la sentencia de la Audiencia de A Coruña al condenar por unanimidad a dos años de prisión al capitán del barco por delito medioambiental. Además, no se admitió un recurso de amparo que interpuso Mangouras por este fallo ante el Tribunal Constitucional. Una vez determinada la responsabilidad del capitán, así como los responsables civiles que serían la empresa propietaria del buque, la armadora y aseguradora, se procede a cuantificar la cantidad a la que tiene derecho cada afectado. En esta instancia, la póliza del seguro está limitada a mil millones, por lo que habría que hacer una prorrata según la cifra reconocida a cada uno.