Los órganos judiciales gallegos acumularon durante años montañas de expedientes y documentos con pruebas de delitos. Por eso, la Xunta puso en marcha en 2013 el proceso de destrucción de la documentación ya prescrita, caducada o innecesaria. Desde entonces, se han retirado de los juzgados de la comunidad más de un millón de expedientes, según confirmó ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien confirmó que todos estos papeles equivalen a "diez kilómetros lineales".
Este trabajo de expurgo también ha permitido eliminar 100 toneladas de piezas de convicción -pruebas de delitos-, que permiten liberar espacio en sedes judiciales.
Rueda indicó que, gracias a este proceso de expurgo se consiguió una mejor organización y se recuperaron documentos de valor histórico, ya que alguno de ellos data de principios del siglo pasado.
En los presupuestos de la Xunta para el año que viene se reservan 80.000 euros para continuar con el expurgo.
El vicepresidente gallego explica que este procedimiento es una "firme apuesta" del actual Ejecutivo autonómico y comentó que se lleva a cabo de manera progresiva en toda Galicia, siendo Pontevedra la provincia en la que va más avanzado, con el 70% del total gallego, con 700.000 expedientes.
