Desde enero a septiembre más de 5.000 personas presentaron en los juzgados gallegos denuncias por casos de violencia de género, casi una veintena al día, un 18,4% más respecto al mismo periodo del año pasado. De esta forma, se continúa la tendencia alcista con la que ya se había cerrado 2016 al registrar 5.683 demandas en todo el año, un 9% por encima a las contabilizadas en 2015. Las 1.700 órdenes de protección solicitadas en los nueve primeros meses de este ejercicio suponen un incremento del 14,4%, siete más que las 1.693 que se reclamaron en todo 2016 y que ya habían subido un 8%, según los datos de la memoria de la Fiscalía gallega que ayer el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, entregó al presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices.

Si bien el número de mujeres fallecidas por violencia de género en la comunidad se redujo de los ocho asesinatos de 2015 a los tres del año pasado, para Suanzes son, en cualquier caso, "cifras inasumibles". El número de procesos judiciales iniciados superó los 6.800, un 10,2% por encima de los incoados en 2015. Este año el aumento se situó en algo más de un 15%. Por todo ello, Suanzes anunció ayer que para principios del año que viene está previsto el nombramiento de un fiscal delegado autonómico en materia de violencia machista para coordinar la lucha contra este tipo delictivo. El fiscal superior garantizó el máximo compromiso para atajar esta lacra social y pese al repunte de las cifras ve "una parte positiva" en el hecho de que se aprecia "una mayor predisposición para denunciar".

El fiscal superior alertó de que es necesario prestar atención a varios grupos delictuosos que repuntaron el año pasado, como es el caso de los delitos contra libertad sexual , que además son los que mayor alarma social causan. La Fiscalía gallega registró el año pasado 932 casos contra la libertad sexual, de los que 135 pasaron la fase de instrucción y llegaron a juicio, un 25% más que el ejercicio anterior. También aumentaron las resoluciones con un 32% más de sentencias, al alcanzar las 114.

La memoria de la Fiscalía superior de Galicia revela un cambio de tendencia debido a la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en diciembre de 2015 que limita los plazos de instrucción a seis o 18 meses prorrogables y suprime el envío de los atestados sin autor conocido a juzgados y fiscalías. Tal y como calculaba el Ministerio público, la reforma procesal liberó la carga de trabajo de los tribunales gallegos en casi un tercio, al ingresar 56.000 asuntos menos con un total de 126.447 causas penales recibidas. Más pronunciado aún es el descenso en un 43% de los casos que se cerraron de forma anticipada por archivo o sobreseimiento, al pasar de 154.000 procesos a 67.000. Así, con la nueva ley se ha logrado mitigar el número de conflictos ingresados en los órganos judiciales de la comunidad que luego se archivan en la fase de instrucción generando "un uso ineficiente de los recurso judiciales". La reforma de la norma ha permitido "aumentar la actividad y la eficiencia" de los juzgados y fiscalías con un 28% más de sentencias dictadas hasta las 20.115 y casi 14.000 calificaciones fiscales, que representan una subida de un 10% en el último año.

El principal cambio se da en la clasificación de los tipos de delitos más numerosos en la comunidad. Por primera vez desde que la Fiscalía tiene estadísticas, los delitos de lesiones pasan a ocupar el primer puesto con 44.338 asuntos, un 5,5% menos que en 2015 pero la cuarta parte del total de procesos iniciados. Hasta ahora ese lugar lo habían tenido siempre los ilícitos contra el patrimonio, pero la reforma procesal provocó en 2016 un desplome del 70% en este grupo, al bajar de 74.000 a 21.822, con un peso del 20% en el total de procedimientos incoados. Esta reducción explica que este tipo de delitos concentran la mayor parte de causas archivadas por falta de autor conocido desde que se puso en marcha la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En la tercera posición se mantienen los delitos contra la seguridad vial, que aumentaron un 2,18% respecto a 2015 con 7.154 casos después de cinco de descenso. De esta cifra, seis de cada diez supuestos están relacionados con la conducción bajo la influencia del alcohol y las drogas. Unos 5.497 conductores fueron llevados a juicio el año pasado en Galicia, un 2,19% más que en 2015, de forma que los delitos de tráfico copan más de cuatro de cada diez de todos los juicios celebrados en la comunidad gallega.

La Fiscalía Superior de Galicia también sigue de cerca los delitos de corrupción, que constituyen una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. El año pasado se incoaron 191 delitos, que supusieron una leve bajada del 1%, que se suma a la caída del 32% en el año anterior. También se redujeron los ilícitos contra el medio ambiente y el urbanismo en un 38% con 550 procesos iniciados. Casi la cuarta parte están relacionados con incendios forestales y precisamente el hecho de no enviar a los juzgados los atestados sin autor conocido en casos de fuegos forestales explica el descenso en este área. El mismo argumento se aplica en los asuntos sobre delincuencia informática, con un 70% menos de casos ingresados -de 1.574 a 486- por la dificultad para identificar a los culpables de estafas cometidas por internet.