04 de diciembre de 2017
04.12.2017
PARLAMENTO GALLEGO

El PP aprueba en solitario la primera Lei de Portos de Galicia

Los populares sacan la norma adelante con el voto en contra de todos los grupos de la oposición

04.12.2017 | 13:58
Simulacro en el puerto de Vilagarcía.

El Parlamento de Galicia, con los votos a favor del PPdeG y en contra de todos los grupos de la oposición, ha aprobado hoy la Ley de Puertos de Galicia, la primera de carácter autonómico que regulará la gestión y explotación de 122 puertos dependientes de la Administración gallega.

Entre estos puertos se encuentran los que son de interés para la acuicultura que de esta manera pasarán a estar regidos por la ley autonómica, de forma que se tendrán en cuenta las potencialidades que ofrecen los puertos gallegos de cara al futuro y a la apertura progresiva a nuevos mercados e inversiones.

Según el PPdeG esta normativa, que entrará en vigor en seis meses, adaptará la ley estatal a las diversas particularidades de los puertos de competencia de la Xunta, en una comunidad, la gallega, que cuenta con 1.700 kilómetros de costa.

Entre las principales novedades que incluirá el nuevo articulado se encuentra la ampliación de la vigencia de las concesiones en las zonas portuarias, que aumentará de 30 a 50 años, según el partido mayoritario, en aras del bien común.

Además, también contempla la agilización a la hora de los trámites para obtener nuevas concesiones y la simplificación del acceso a los servicios públicos a través de las concesiones, que pasarán de los 4 meses actuales a 30 días.

Durante el debate parlamentario, la diputada del PPdeG Teresa Egerique ha asegurado que la nueva norma se basa en la "coordinación y la colaboración" puesto que no se busca "imponer nada" por lo que desde el sector marítimo la ven "ilusionante".

"No es verdad que sea anquilosada y sí afronta retos de futuro", ha proclamado la popular.

Según Egerique con la nueva ley "la rentabilidad social está garantizada" en tanto que permitirá "generar empleo y ampliar la actividad de esos puertos".

Sin embargo, desde la oposición han lamentado la falta de consenso con la que ve la luz la citada norma ya que han denunciado que el PPdeG se ha negado a aceptar prácticamente alguna de las centenares de enmiendas presentadas por el resto de los grupos.

Por parte de En Marea, el diputado Juan Merlo ha subrayado que la nueva normativa dejará sin solucionar los continuos conflictos entre las autoridades portuarias y los ayuntamientos con temas tan importantes como el tratamiento y el uso de las fachadas marítimas.

"No es la ley que permitirá el desarrollo nacional, ni las sinergias, ni la cooperación entre los puertos gallegos", algo que En Marea buscaba con sus enmiendas, ha recordado.

Según Merlo, la propuesta del PPdeG es "incapaz" de iniciar un proyecto conjunto y coordinado que permita abordar la actividad portuaria desde un punto de vista de país; "es una oportunidad perdida" puesto que no atiende a las demandas del sector sino a una "iniciativa empresarial".

Por parte del PSdeG, Loli Toja ha insistido en que la normativa "está desfasada y es decepcionante" ya desde el primer momento, dado que prepara el terreno para la proliferación de "chiringuitos portuarios y da barra libre en las concesiones a las empresas privadas".

Para la socialista, esta ley que es un "monólogo por parte del PPdeG", que a su juicio comete el error de no contemplar la planificación del sistema aeroportuario que "deja en segundo plano".

No obstante, ha puesto en valor la enmienda aprobada del PSdeG que pide que Puertos de Galicia "informe sobre contratación" de servicios y que permitirá dotar de mayor transferencia a esta entidad.

La parlamentaria del BNG Montse Prado ha sostenido que la nueva ley portuaria no responde a las expectativas ni a las necesidades del sector, pero sí "ahonda en la privatización de unas infraestructuras estratégicas" demostrando que han redactado esta norma como si fuese "para una región" y no para una nación.

Para la diputada nacionalista, se trata de una oportunidad perdida que renuncia a gestionar los puertos de interés general como Vigo, Marín, Vilagarcía de Arousa, A Coruña, Ferrol y San Cibrao, "que son un negocio muy rentable para el Estado" de forma que los recursos económicos obtenidos por todas las operaciones llevadas a cabo en el sector portuario gallego continuarán "controlados y gastados desde Madrid, en función de unas prioridades en las que Galicia no figura".

También ha cargado contra la tramitación de la ley, durante la que el PPdeG "ya no es que pasase el rodillo sino que hizo de auténtica apisonadora".

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