El primer detenido tras la ola de incendios forestales de octubre afirma que "no era consciente" del peligro que podía suponer hacer un fuego "muy pequeñito" en esa época del año. Miguel Ángel M. N. permaneció más de un mes en prisión incondicional acusado de provocar un incendio forestal que afectó a una hectárea de una finca familiar en el concello de Os Blancos el 15 de octubre, el mismo día que comenzó la ola de fuegos que calcinó más de 49.000 hectáreas en toda Galicia. "Para nada era consciente del problema que había porque el otoño siempre fue para mí una época de lluvia, no imaginé que pudiera pasar todo esto", explicó en una entrevista a Radio Cerna, el programa sobre medio ambiente y ecología que promueve la asociación ecologista Adega.
El acusado explicó también no lee mucho las noticias y que, pese a que "sabía que había sequía no era consciente del peligro que podía constituir ese fenómeno en el mes de octubre". El acusado, que no se centra en los hechos de ese día por consejo de su abogado, sí admite haber hecho "un pequeño fuego, pero muy pequeño para calentar víveres, un chorizo que llevaba".
Miguel Ángel formó parte del Movemento Ecoloxista da Limia en el que, como explica en la entrevista, lleva desde los 18 años aunque ya algunos "desligado por motivos familiares". "Estuve en muchos fuegos voluntariamente, apagando. Me avala mi historia", se defendió el acusado, que cuenta con el apoyo de las asociaciones ecologistas que consideran que es el "chivo expiatorio" de la Xunta. La Fiscalía le imputa un delito de incendio forestal de "especial gravedad" que puede ser castigados con penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses La fiscal expone en su escrito que el encausado prendió las llamas "con pleno conocimiento de las condiciones climáticas de la sequedad del ambiente así como de la sequía existente en dicho lugar". Y le acusa de "no haber hecho nada para apagarlo".
El juez decretó para él prisión comunicada sin fianza que se convirtió en libertad provisional previo pago de 2.500 euros de garantía tras el recurso de apelación presentado por su abogado.
