20 de diciembre de 2017
20.12.2017

Los alcaldes exigen al Estado que asuma los 126 millones de la plusvalía mal calculada

Urgen cerrar ya la reforma ante la "indefensión" de ayuntamientos y contribuyentes - Piden un régimen transitorio para casos anteriores al último fallo del Constitucional

20.12.2017 | 09:45
Caballero presidió ayer en Madrid la junta de gobierno y el Consejo Territorial de la FEMP.

Diez meses después de que el Tribunal Constitucional dictase la primera sentencia que anula el impuesto de plusvalía municipal en las ventas de inmuebles que no generan ganancia alguna, la reforma del gravamen sigue cocinándose. A fuego lento. Tanto que los ayuntamientos han reclamado en decenas de ocasiones al Ministerio de Hacienda que acometa el cambio de la Ley de Haciendas Locales ante el goteo de reclamaciones de los contribuyentes afectados. Durante la reunión de la junta de gobierno y el Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) celebrada ayer se acordó enviar una propuesta al departamento dirigido por Cristóbal Montoro en la que le urgen a "compensar" a los ayuntamientos por la "pérdida global de recaudación" derivada de la aplicación del último fallo del Alto Tribunal -el pasado 15 de junio-, que hace extensiva a todo el territorio la anulación del gravamen cuando hay minusvalía. Las transacciones a pérdidas e incluso errores en el cálculo del impuesto llevaron a los concellos a cobrar unos 126 millones de más durante los últimos cuatro años, los ejercicios no prescritos y por los que los contribuyentes podrían presentar una reclamación.

El órgano de poder local, presidido Abel Caballero, remitirá a Hacienda su última propuesta y pedirá un encuentro para cerrar cuanto antes una solución que permita a ayuntamientos y contribuyentes salir de la situación de "indefensión" e "inseguridad jurídica" a la hora de afrontar el impuesto de plusvalía. De no asumir el Estado el coste económico que acarreará a los ayuntamientos las devoluciones, la FEMP sopesa llevar a los tribunales a la Administración central ya que pese a tratarse de un tributo que gestionan los municipios su regulación es de carácter estatal.

Ya en verano, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) advirtió de que los concellos efectuarán el pago, pero exigirán la responsabilidad patrimonial del Estado porque las administraciones locales aplican un impuesto en base a una ley estatal.

Los alcaldes también reclaman a Hacienda que fije un "régimen transitorio" para dar respuesta a los casos de minusvalía anteriores al último fallo del Constitucional, 15 de junio, fecha que tomará como referencia el Gobierno central para aplicar el nuevo sistema de cálculo.

Las arcas públicas tendrán que asumir un importante desembolso una vez se reforme la ley. La recaudación por este tributo, pese a que crisis del ladrillo provocó un desplome en las ventas y una caída en picado de los precios, batió récord año tras año. En 2015, último ejercicio del que hay datos disponibles por comunidades, los 115 ayuntamientos gallegos que lo aplican recaudaron más de 41 millones, un 53% más que antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En los últimos meses, varios tribunales en España anularon la fórmula usada para liquidar el gravamen. En el caso de Galicia, estos cálculos erróneos supondrían una devolución a los contribuyentes afectados de unos 44 millones, según cifras del portal reclamador.es. A esa cantidad hay que sumar otros 82 millones por haber cobrado el impuesto de plusvalías en operaciones a pérdidas (ventas, herencias, donaciones o permutas).

Desde la FEMP, además de la compensación por la devolución del impuesto también urgen a Hacienda si evalúe la posibilidad de que establecer unos coeficientes máximos que afecten menos a la recaudación municipal. Según el último borrador en el que trabajaba el departamento que dirige Montoro, el nuevo cómputo se planteaba de carácter anual, hasta un máximo de 20 años y se preveía, tal y como habían solicitado los alcaldes, que se graven las transmisiones efectuadas con un lapso de tiempo inferior al año, que hasta ahora estaban exentas. La opción se plantea Hacienda para determinar esa inexistencia de plusvalía en una operación en suelo urbano es calcular la diferencia entre los valores reales de transmisión y de adquisición. Pero para demostrarlo, se requerirá la entrega de las escrituras de compraventa o bien los valores comprobados por la Administración tributaria.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

GALICIA EN VINOS

Galicia en Vinos

Todos los vinos de Galicia

Consulta aquí todos los vinos de las cinco denominaciones de origen de Galicia
 


Enlaces recomendados: Premios Cine