Galicia no tendrá que devolver los 17 millones que invirtió en el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) para garantizar el servicio en los concellos de difícil cobertura tras el apagón analógico. El Tribunal de la UE ha aceptado el recurso de casación presentado por la Xunta y Retegal, empresa pública que fue la encargada de desplegar los equipamientos. La Justicia europea no ve "suficientemente motivada" la resolución de la Comisión Europea que en 2013 concluyó que esos fondos públicos eran ayudas de Estado ilegales que había que devolver.
La sentencia, que se produce a instancias de Galicia, será extensible al resto de comunidades que se beneficiaron de esas ayudas a la TDT, de manera que España queda liberada del reintegro de un total de 260 millones invertidos en el despliegue de la red digital terrestre. Solo Castilla-La Mancha queda al margen del fallo de la justicia europea, por un plan de 44 millones, cuya devolución también reclama Bruselas y que el Tribunal de la UE examina en un expediente paralelo.
Entre julio y noviembre de 2008 el Ministerio de Industria transfirió fondos a las comunidades para garantizar que la TDT llegara a los lugares más remotos, donde no existía interés por parte de las compañías privadas para desplegar sus redes por falta de rentabilidad. En Galicia se encontraban en esta situación más de 216.000 habitantes.
La Xunta encargó los trabajos a la empresa Retegal, que licitó las obras para extender las redes digitales terrestres y después cedió los equipamientos a los ayuntamientos. Sin embargo, la operadora de satélites, Astra, denunció la situación ante Bruselas al considerar que estas subvenciones eran ilegales y no se respetaba la neutralidad tecnológica, al marginar otras opciones de difusión como el satélite, el cable o internet en esas zonas.
En el año 2013 la Comisión Europea dio la razón a Astra al considerar que se primaba el desarrollo de la tecnología terrestre "en detrimento de otras" y dictó una resolución obligando a la devolución de las ayudas a un total de once comunidades.
La Xunta, que defiende que actuó correctamente, recurrió entonces al Tribunal de Justicia de la UE que, en un primer momento rechazó las alegaciones de Galicia. Desde el Gobierno gallego defendieron la neutralidad del proceso y alegaron que nunca hubo una compensación económica por desarrollar las redes digitales terrestres.
Tras este varapalo, en mayo del pasado año la Xunta jugó su última carta: presentó un recurso de casación ante el Tribunal de la UE. Y un año y medio después la justicia europea le da la razón.
La Justicia europea había desestimado anteriormente varios recursos presentados por el Gobierno de España, el País Vasco, Cataluña y varios operadores de TDT, pero finalmente prosperó la demanda de Galicia.
"La decisión de la Comisión queda anulada. La anulación afecta a todas las comunidades autónomas y a todos los operadores afectados por ella, a pesar de que los únicos que alegaran la insuficiencia de motivación fueran la comunidad autónoma de Galicia y Retegal", apunta el Tribunal de la UE.
El fallo de la Justicia europea señala que una medida que solo beneficia a un sector o actividad o a una parte de las empresas de ese sector no es necesariamente selectiva, "pues solo lo es si, en el marco de un determinado régimen jurídico, tiene como efecto beneficiar a determinadas empresas en comparación con otras que pertenecen a otros sectores o al mismo sector y se encuentran en una situación de hecho y de derecho comparable en relación con el objetivo perseguido por dicho régimen".
