"Dirigir el Centro era un prestigio y los directivos siempre trabajaron sin cobrar un peso. Había toda una disputa para acceder a la dirección", relata Rodino. El historiador señala un convenio firmado entre las agrupaciones políticas a comienzos de los años 80 como el inicio del fin del Centro. "Se formó una élite de poder, se turnaban en la dirección. Los socios se apartaron porque ya no podían votar", dice. A eso suma otros dos factores: la ayuda que venía de Galicia entonces, que "achanchó" a la dirección, y la carencia de nuevos socios, jóvenes, que ayudasen a mantener el sistema. En su mejor época llegó a tener 120.000 socios, pero ahora apenas llegan a 5.000 y la media de edad, cuenta Ramón Suárez, socio y miembro de la dirección en los 90, ronda los 85 años. "Soy de los jóvenes, que ando en los 80", bromea. Los representantes de los mutualistas accedieron esta semana a negociar la venta del edificio a la empresa española Ribera Salud y la argentina Favaloro, con la condición de que el precio salde la deuda de los mutualistas. El déficit de la institución, que está intervenida por el Gobierno argentino desde hace cinco años -precisamente por sus deudas- no se conoce con exactitud. Fue el interventor judicial quien forzó a los socios, en una asamblea extraordinaria, la decidirse entre la venta o la quiebra del Centro. Las cinco agrupaciones políticas en las que se divide la representación de los socios se decidió por la venta, pero con unas condiciones que deberá negociar durante el próximo mes con los interesados en su compra. Quieren que los bienes e instalaciones culturales queden en sus manos y no salgan de Argentina -como dice la ley de patrimonio del país- y que la empresa prorrogue el contrato de los trabajadores actuales, asuman su antigüedad y paguen las deudas que el Centro tiene con ellos. También pretenden blindar la cobertura sanitaria "con las mejores prestaciones" para los socios actuales y que la mutual perciba cada mes un 8% de las cuotas abonadas por los socios.
