A punto de cumplirse un año de la primera sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el impuesto de plusvalía con las operaciones que no generan beneficio alguno, Hacienda ultima la reforma del gravamen que ha llevado a miles de contribuyentes a los juzgados para reclamar la devolución por ventas a pérdidas. Los ayuntamientos dieron ayer el visto bueno a la modificación planteada por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, que se limita al método de cálculo y a la actualización de los coeficientes en suelo urbano para determinar si hubo o no plusvalía con las ventas de inmuebles, herencias o donaciones. Sin embargo, Hacienda eludió aclarar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) si asumirá el Gobierno central la devolución a los contribuyentes afectados o si cargará la factura a las arcas municipales.

En la junta de gobierno extraordinaria de la FEMP celebrada ayer, presidida por Abel Caballero, los alcaldes aceptaron la propuesta del Ejecutivo sobre la reforma del impuesto de plusvalía, un tributo que año tras año bate récord de recaudación pese a que tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria los precios de las viviendas cayeron en picado y las ventas se desplomaron. Aunque se trata de un gravamen que aplican los ayuntamientos -en Galicia se cobra en un total de 115 concellos- su regulación es de carácter estatal. Por este motivo, las administraciones locales demandan que el Gobierno central asuma el pago a los contribuyentes que reclamen por operaciones sin beneficio económico alguno.

En el caso de Galicia, un portal especializado en reclamaciones - reclamador.es- calcula que los propietarios que pagaron la plusvalía pese a no lograr ganancia en la transacción podrán reclamar hasta 82,3 millones, a razón de unos 4.500 euros de media por cada una de las 18.300 transacciones con pérdidas registradas desde 2013 (los últimos cuatro años no prescritos). A esta cantidad habría que añadir otros 44 millones por cálculos erróneos, según sentencias dictadas en los últimos meses por varios tribunales en otras comunidades. En total, más de 126 millones que tendrían que salir de las arcas municipales gallegas por ventas a pérdidas o errores en la fórmula utilizada para calcular el impuesto de plusvalía.

Ante la "inseguridad jurídica" que han creado las sucesivas sentencias del Constitucional sobre este gravamen, la última que hizo extensiva su aplicación a todo el territorio es del pasado 15 de junio, la FEMP avaló ayer la propuesta de reforma planteada por Hacienda, pero le reclamará un fondo específico para compensar a los ayuntamientos ya que el departamento que dirige Montoro elude aclarar quién asumirá el coste de las devoluciones. Por ello, los regidores plantearán la creación de un "fondo de compensación" a través de una enmienda al texto propuesto por el Ejecutivo que recoja la "merma" que les ocasione la aplicación de la sentencia del Alto Tribunal.

Modificación "urgente"

Desde el órgano de poder local urgen al Gobierno central a acometer la modificación del impuesto " a la mayor brevedad" y con "urgencia" para "despejar la inseguridad jurídica creada". Los alcaldes reclaman su entrada en vigor "cuanto antes", aunque dan por hecho no será este trimestre. No obstante, los alcaldes advierten de que con posterioridad la reforma deberá ser "ampliada" y "precisada" en el marco de la nueva financiación local pendiente todavía de ser negociada con Hacienda. "Esta modificación es puntual toda vez que deberá regularse en profundidad en la nueva ley de financiación local", concluyen desde la FEMP.