11 de enero de 2018
11.01.2018

Los contribuyentes se ahorrarán un 20% con la reforma del impuesto de plusvalía

Caballero avanza que la rebaja será "sustancial" porque los nuevos coeficientes para gravar las ventas serán más bajos - Tacha la situación actual de "atípica e inadmisible"

11.01.2018 | 11:48
Caballero, a la izquierda, durante la reunión el martes de la junta de gobierno extraordinaria de la FEMP.

Ahorro para los contribuyentes y merma en las arcas municipales. El impacto de la reforma del impuesto de plusvalía cocinado por Hacienda, con el apoyo de los ayuntamientos, afectará al bolsillo de los ciudadanos y, en consecuencia, hará caer la recaudación por las transacciones en suelo urbano (ventas de inmuebles, herencias, donaciones o permutas).


Un día después de que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) diese el visto bueno a la modificación propuesta por el Gobierno central, que anula las operaciones a pérdidas y actualiza los coeficientes que se aplican sobre cada transacción, el presidente del órgano de poder local y alcalde de Vigo, Abel Caballero, estima que la rebaja que supondrá la aplicación del nuevo impuesto será "sustancial". "No menos del 20%", avanzó el regidor.


O lo que es lo mismo, los 115 ayuntamientos gallegos que cobran este tributo -un gravamen de carácter voluntario que aplican las administraciones locales, pero que regula el Estado- dejarán de ingresar al menos un 20% respecto a las plusvalías que perciben en la actualidad, una caída en la recaudación a la que hay que añadir la de aquellos propietarios que hasta ahora rendían cuentas con el concello de turno pese a que la venta de su piso, garaje o local comercial no les había reportado beneficio alguno. Para estos casos de minusvalía, según recordó Caballero, el impuesto queda anulado, tal y como dicta la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 15 de junio. "Queda eliminada aquella eventualidad, que pudo haber sucedido alguna vez: se pagaba cuando no se había obtenido plusvalía en el proceso de compra-venta", detalló el presidente de la FEMP.


Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, los ayuntamientos engrosaron año tras año su recaudación por el impuesto de plusvalía. Y ello, a pesar de que los precios de las viviendas cayeron en picado y las ventas de pisos también se desplomaron. Un año antes del fallo del Constitucional, los casi 3.700 ayuntamientos que gravan las transacciones en suelo urbano ingresaron por este tributo más de con 2,577 millones de euros, un 7% por encima de la recaudación de 2015. La tendencia en Galicia durante los últimos años también fue al alza, pasando de los poco más de 27 millones ingresados en 2008 a los más de 40 millones que fueron a parar a las arcas municipales durante los dos últimos ejercicios.

Nuevos coeficientes


La reforma de Hacienda, que previsiblemente no entrará en vigor hasta el segundo trimestre del año, establece unos nuevos coeficientes ya que los actuales eran anteriores a la crisis inmobiliaria y con la nueva ley se aplicarán sobre "la plusvalía efectiva". La Dirección General del Catastro es la que ofrece los valores reales de cada año. En base a ellos, según detalló Caballero, se aplicará el impuesto "sobre la plusvalía que efectivamente se produzca".


Para el presidente de la FEMP, la reforma promovida por el Gobierno central dará "seguridad jurídica" tanto a los ciudadanos como a los ayuntamientos, tras las sucesivas sentencias del Constitucional y la avalancha de recursos de los contribuyentes durante los últimos años. De "aceptable" calificó el regidor olívico la propuesta de Hacienda, al tiempo que tachó la situación actual de "atípica e inadmisible" tras el fallo del Alto Tribunal que anula el pago del impuesto para las ventas a pérdidas y ante la falta de una normativa que detalle a los ayuntamientos qué método de cálculo deben aplicar para determinar si hubo plusvalía efectiva en cada operación en suelo urbano.


La gran incógnita sigue siendo qué administración hará frente al pago de las devoluciones de los cuatro ejercicios no prescritos por esas ventas a pérdidas. Hacienda todavía no ha aclarado si será el Estado quien asuma el desembolso o si cargará la factura a los ayuntamientos. La FEMP tiene claro qué administración debe costear las devoluciones. "El error no es de la Administración local, sino del Legislativo. Nosotros decimos que debe hacerlo la Hacienda del Estado, que es la que legisló indebidamente y de forma incorrecta", urgió ayer Caballero.

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