La sentencia del Constitucional que anula el impuesto de plusvalía cuando se producen ventas a pérdidas llevó a miles de ciudadanos a presentar reclamaciones en los ayuntamientos o recursos ante los tribunales. El fallo del Alto Tribunal, que abre la puerta a devoluciones millonarias a contribuyentes que no lograron beneficio alguno con las operaciones realizadas en suelo urbano desde 2013, también hizo mover ficha a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que elaboró un "informe guía" sobre el plan de acción a seguir en los concellos. Antes de que el Constitucional hiciese extensible a todo el territorio los fallos dictados en varias provincias vascas, ya el presidente de la Fegamp y alcalde de O Barco, Alfredo García, urgía a Hacienda "dirimir de quién es la responsabilidad y quién asumirá las devoluciones" de las operaciones a pérdidas.
Los alcaldes gallegos se plantearon hacer una reclamación patrimonial al Estado porque las administraciones locales "aplican un impuesto en base a una ley estatal". "Por tanto, no tenemos responsabilidad alguna", advertía el pasado verano el presidente de la Fegamp.
En la reunión de la junta de gobierno extraordinaria de la FEMP celebrada este martes en Madrid, el órgano de poder local acordó reclamar a través de una enmienda a la reforma propuesta por Hacienda un fondo de compensación para los ayuntamientos. Las administraciones locales están dispuestas a hacer las devoluciones que correspondan a los contribuyentes, pero advierten de que el coste debe asumirlo el Estado.
