La Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido investigar de oficio si hubo un posible delito contra los derechos de los consumidores y, en su caso, "ejercitar las acciones judiciales oportunas" por las retenciones que se produjeron en la AP-6 entre los días 6 y 7 de enero, y que afectaron a más de 3.000 vehículos. Así lo ha decidido el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, amparándose en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio fiscal.

En su escrito, remitido por la Fiscalía a través de un comunicado, el Ministerio público recuerda que el corte de carretera a lo largo de casi 80 kilómetros motivó que las personas que viajaban a bordo de los vehículos estuvieran "muchas" horas atrapados en la nieve. Además, se remite a una sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos donde se condenó a la concesionaria de la autopista AP-1 por falta de previsión, suficiente vigilancia y falta de coordinación y tuvo que indemnizar con 150 euros a todos los afectados. La OCU ha aplaudido esta decisión de la Fiscalía.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió ayer que la DGT realizó un "gran trabajo" durante la nevada, con actuaciones "muy importantes" que ayudaron a que "se resolvieran varios puntos negros y ha indicado que el director de la DGT es una persona "muy trabajadora, que ha dado las explicaciones y continuará dándolas".