Adif ha entregado al juez que investiga el accidente del tren Alvia, que ocasionó 80 muertes en julio de 2013, dos informes de más de un centenar de páginas cada uno y profusa documentación para defender que su actuación "se adecuó a las exigencias normativas" y también para diluir responsabilidades en lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos en la línea Ourense-Santiago. Por su parte, la abogada del Estado solicitó la citación como testigos de dos trabajadores de las empresas Dimetronics y Thales, la unión temporal de empresas que proporcionó el ERTMS.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, emitió una providencia ayer con la que notifica a las partes esta información, a la que tuvo acceso Europa Press. Con ella, también da cuenta de otro aspecto referido a los restos del convoy siniestrado: por un lado, la aseguradora de Renfe (QBE) no se opone a su entrega a la operadora ferroviaria; por otro, el abogado que defiende al maquinista pide lo contrario, que no se ponga a su disposición.
Los informes de Adif, que mantiene como investigado a su alto cargo Andrés Cortabitarte -en su día jefe de seguridad en la circulación-, están elaborados por dos ingenieros industriales.
El primero es de Antonio Puyol, director técnico de Airtren, compañía de ingeniería especializada en el campo de instalaciones ferroviarias. En el documento señala que, "aún en el supuesto de haberse realizado una evaluación integral de riesgos involucrando a todos los subsistemas estructurales" de la LAV Ourense-Santiago, algo que "no era perceptivo en el momento de la puesta en servicio", "los resultados no hubieran sido diferentes".
El segundo documento, de Esther Mateo, busca, en palabras de la abogada del Estado, "ofrecer al juzgado una visión clara y exhaustiva sobre la seguridad del sector ferroviario y cómo la seguridad de una línea ferroviaria y los riesgos de esta no es algo que se analice a posteriori y de forma retrospectiva inmediatamente antes de la puesta en servicio".
