Adif entregó casi medio centenar de documentos al juez Andrés Lago Louro que instruye la causa sobre el accidente del Alvia en Angrois, que se produjo en julio de 2013 y en el que perdieron la vida 80 personas y 144 resultaron heridas. Entre ellos figuran los informes en base a los que se autorizó la puesta en marcha de la línea Santiago-Ourense pero no varios anexos a estos escritos. Uno de los textos que se adjunta con uno de los informes que sirvieron para autorizar la puesta en servicio del trazado, sin embargo, no aparece en los últimos papeles aportados al magistrado. En esas 25 páginas, a las que ha tenido acceso Europa Press, se establece precisamente la obligatoriedad de que un tercero hubiese evaluado el tramo de la curva de A Grandeira.
El adjunto clarifica que el análisis independiente era exigible en este tramo donde se debería haber aplicado varias normas de seguridad del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec), que son las que obligan a que el análisis de riesgos se complete con un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA).
La directora técnica de Adif, Esther Mateo, explica en que en el enclavamiento de Santiago, al estar integrado en la red convencional, le corresponde una evaluación por la UTE que suministró el sistema de frenado automático ERTMS con la entrega de un informe de seguridad de la obra y otro sobre el proceso de evaluación. No se incluye, por tanto, ese análisis de refuerzo que debería haber realizado la consultora pública Ineco. Mateo explica que debido a que la línea Santiago-Ourense estaba ya en funcionamiento se certificó el cumplimiento de las condiciones de seguridad en la circulación del subsistema de control, mando y señalización. Aunque este documento se encuentra en el sumario de la relación de información emitida al juzgado, el texto en sí con el contenido tampoco está.
Tres técnicos de Ineco aseguraron hace dos meses ante el instructor del caso Alvia que su análisis llegó hasta el punto kilométrico 84.144, caso Alvia es decir, un trazado casi rectilíneo desde la salida de Ourense hasta la entrada de Santiago, dejando fuera la curva de A Grandeira donde se produjo el accidente.
El anexo que falta entre los últimos papeles aportados por Adif tiene que ver con las actas internas del administrador ferroviario que evidenciaban que su Dirección de Seguridad sabía que no se había encargado a Ineco evaluar el riesgo en Angrois. En esas notas, el área de Seguridad solicita varias veces al departamento de Contratos un escrito que aclare porque no se ha entregado el ISA para el tramo de Santiago pero en un acta posterior deja de aparecer esa petición y solo se requiere el informe de la UTE al margen del de Ineco.
Al conocer que dos de estos documentos han sido aportados por Adif pero sin sus adjuntos, la asociación que representa a las víctimas insta al juez a que requiera a Adif "ambos informes completos con sus anexos y las actas a las que hace referencia".
Como testigos, la plataforma de afectados propone que sean citados para declarar 18 trabajadores de la UTE formada por Thales y Dimetronic, que suministró el subsistema de control, mando y señalización de la línea; a cinco representantes de Renfe que estuvieron en la reunión en la que se abordó el aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva; y a 17 cargos de Adif que participaron en otro encuentro que trató el cuadro de velocidades máximas y el salto que se producía en A Grandeira. Y como investigados insta al juez a citar a otros tres cargos de Adif: el director de seguridad en la circulación Manuel Besteiro, el gerente del área de seguridad en la circulación noroeste Fernando Rebón y el jefe de inspección de la gerencia de área de seguridad en la circulación noroeste José Antonio García, por "responsabilidad directa" con la obligación de hacer un análisis integral de los riesgos.
Por ahora, el juez mantiene como investigados en la causa el maquinista Francisco Garzón Amo; el exresponsable de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte; su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares; y los tres técnicos de Ineco que ejercieron como evaluadores independientes.
