La Administración de Justicia de Galicia afronta hoy su tercera jornada de paro, las dos primeras fueron en diciembre, para demandar unas condiciones laborales y salariales de calidad, frente a la discriminación que dicen sufrir los trabajadores frente a los empleados de otras comunidades. Al contrario que en las dos huelgas anteriores, en esta ocasión habrá una manifestación central en Santiago.

Tras las jornadas de paro del 2 y 13 de diciembre y la de mañana, la huelga pasará a ser indefinida a partir del 7 de febrero si no hay avances en las negociaciones con la Xunta. Los sindicatos convocantes cifraron el seguimiento medio en las dos primeras jornadas en un 80%, mientras que la Xunta lo rebajó al 50%.

El comité de huelga, compuesto por las siete organizaciones sindicales representativas de la totalidad de los trabajadores de la justicia en Galicia, prevén una participación "masiva" en el paro de hoy al igual que en la manifestación en la capital gallega. Los sindicatos han movilizado 16 autobuses desde diferentes puntos de la geografía gallega, por lo que esperan "no bajar de 1.200 o 1.300 manifestantes en ningún caso".

Las centrales sindicales culpan de la situación al vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, cuya "incompetencia e irresponsabilidad" censuran con dureza.

Manuel Díaz (UGT) advirtió de que Rueda actúa de forma "totalmente irresponsable, engañando a los ciudadanos gallegos y a los trabajadores judiciales y a sus familias, provocando con sus falsedades una nueva jornada de huelga".

Los representantes de los trabajadores consideran que el vicepresidente, de forma "totalmente cínica", dio por hecho públicamente que habría "avances sustanciales y que la situación se iba a resolver", pero en el último encuentro del viernes sucedió "todo lo contrario".

Al final de aquel encuentro, Vicepresidencia trasladó que "mantuvo siempre la voluntad negociadora en las ocho reuniones celebradas" e hizo "una oferta económicamente muy generosa, que situaría a los trabajadores en la media de lo que cobran en otros territorios".

"Las reivindicaciones que mantienen los sindicatos son legal y económicamente imposibles. Plantean incrementos retributivos de 270 euros al mes, lo que significa casi un incremento del 16%", reconoció.

Manuel Díaz, en cambio, aseguró que lejos de producirse avances, la Xunta llegó "con la misma oferta económica" y "empeoró otros aspectos" de las negociaciones. Todo ello, además de "aniquilar la mediación" llevada a cabo por el Consello de Relacións Laborais.