Pese a que en el conflicto entre la Xunta y los funcionarios de Xustiza las dos partes se muestran dispuestas a negociar hasta el último momento, ayer el comité de huelga y representantes del Gobierno gallego se reunieron ya para tratar los servicios mínimos ante el paro indefinido que se llevará a cabo desde el próximo miércoles salvo que se retomen las negociaciones y se llegue estos días a un acuerdo in extremis.
Las posturas entre trabajadores y administración en lugar de acercarse se alejan cada vez más y así se constató de nuevo en el encuentro de ayer. El Ejecutivo autonómico aprobó la orden por la que se determinan los servicios esenciales ante la convocatoria de huelga y los siete sindicatos que integran el comité ya anunciaron que tan pronto se publique en el Diario Oficial de Galicia (DOG) lo recurrirán por vía legal al considerarla "injustificada".
La Xunta se ampara en la doctrina del Tribunal Constitucional, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en distintos pronunciamientos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para garantizar la "necesaria conciliación" entre el derecho a la huelga y los servicios esenciales para que esta no cause prejuicios a los derechos e intereses de los ciudadanos. Incluye en esta categoría a las actuaciones urgentes del Registro Civil; las que afecten a la libertad de las personas como los juicios orales con preso y los procesos sometidos a un plazo máximo o cuya demora suponga una pérdida de derechos para los ciudadanos; medidas en materia de familia, violencia sobre la mujer o libertad provisional y todos los asuntos relacionados con la violencia de género en los juzgados de Violencia sobre la Mujer.
La orden también obliga a reforzar los servicios de guardia de juzgados, fiscalías y del Instituto de Medicina Legal. Es este último punto en que el comité de huelga considera más "abusivo" porque -aclaran- en los tribunales de las ciudades supondría que solo uno de los compañeros podría secundar el paro y en los más pequeños donde solo trabajan cuatro personas -ponen como ejemplo A Fonsagrada o Becerreá- obligaría a duplicar el personal y a contratar a tres funcionarios más de los que tiene la plantilla actual para respetar los servicios mínimos. En este sentido, alegan que en las tres jornadas de paro anteriores -los días 1 y 3 de diciembre y el 25 de enero- no se exigían estos servicios mínimos y, por eso, denuncian que ahora los aumenten "de forma injustificada". Desde la Xunta lamentan que los sindicatos rechazasen la propuesta y dejasen la reunión "sin dar ninguna alternativa".
El conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, ya avisó el miércoles de que si es necesario para que se respeten los servicios básicos se denegarán permisos concretos de días de asuntos propios y vacaciones en febrero, una medida que los sindicatos califican de "chantaje".
Miembros del comité de huelga también se reunieron ayer con los grupos de la oposición en el Parlamento. El portavoz de En Marea en la Cámara autonómica, Luís Villares, la diputada socialista Patricia Vilán y el parlamentario del BNG Luis Bará apoyaron al colectivo en sus reivindicaciones como ya habían hecho en una propuesta aprobada por una unanimidad en O Hórreo. Los tres partidos interpelarán sobre este asunto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el pleno de la próxima semana. Desde el PP gallego, Paula Prado reprochó que los sindicatos no invitaran a su grupo a este encuentro.
La huelga entre los funcionarios de Xustiza que dependen de la Xunta -gestores, tramitadores y personal de auxilio judicial- parece inminente y las votaciones de los trabajadores de Xustiza celebradas ayer dieron un respaldo mayoritario a que sea total. Aún así, Rueda no pierde la esperanza de que se pueda evitar. Las organizaciones sindicales también están dispuestas a dialogar hasta el último día pero siempre que se retomen las negociaciones "con luz y taquígrafos" con la presencia de la presidenta del Consello de Relacións Laborais. El Consello Galego dos Procuradores instó a ambas partes a negociar para evitar el paro indefinido.
Los trabajadores critican la desaparición de 106 plazas de funcionarios desde 2013, descuentos de hasta la mitad del sueldo en bajas por incapacidades transitorias y pérdidas de 5.000 euros por empleado con los recortes. Una de sus reivindicaciones es que Galicia recupere su posición de antes la crisis, lo que supondría un incremento salarial del 16% a través del complemento autonómico transitorio a los 2.600 funcionarios que dependen de la Administración autonómica, una cuantía que la Xunta ve "inasumible".
Los representantes sindicales alertan del colapso en los tribunales porque cada día de paro supondrá aumentar la lista de espera. Y en algunos juzgados de lo Social -avisan- ya tiene procesos fijados hasta 2022.
