Tras años de restricciones en las plantillas de la Administración, la Xunta ha abierto de nuevo las puertas del empleo público y planifica ya la convocatoria de un importante volumen de plazas hasta el final de la legislatura. Sin embargo, los gallegos que aspiren a convertirse en funcionarios lo tendrán difícil puesto que tendrán que competir con 14.700 interinos a los que el Gobierno autonómico ha prometido dar estabilidad en los próximos tres años. Para conseguirlo, la Xunta tendrá en cuenta la experiencia laboral en todos los procesos selectivos que se desarrollen hasta 2020. Y ponderará el tiempo trabajado con el máximo legal permitido, que es el 40%.

La intención del Ejecutivo autonómico es convertir empleo temporal en estable, "de modo que los profesionales interinos se sitúen en mejores condiciones para alcanzar una plaza fija".

El nuevo Plan de Estabilidad del Empleo Público, suscrito entre la Xunta y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras, CSIF y UGT, se fija como objetivo rebajar la tasa de temporalidad en la administración gallega hasta el 7%. Para ello se convocarán un total de 14.700 plazas en los próximos tres años, lo que permitirá reducir en un 90% el número de empleados temporales en el sector autonómico.

Estos puestos serán ofertados a través del sistema de concurso-oposición. Esto significa que primero se celebrará una oposición. Luego, aquellos que consigan aprobarla pasarán por un concurso de méritos en el que se valorará si tienen experiencia en la Xunta, los años trabajados, el desempeño del puesto de trabajo y su asistencia a cursos de formación certificados.

En sanidad y educación ya se venían cubriendo habitualmente los puestos de trabajo mediante el sistema de concurso-oposición. Y además la experiencia laboral ya se puntuaba con el máximo legal permitido que es del 40%. Sin embargo, esto se hacía así por voluntad de la propia Administración autonómica. "No existía el compromiso de seguir haciéndolo en un futuro", explican desde la Consellería de Facenda. Con el acuerdo suscrito con los sindicatos y publicado el miércoles en el Diario Oficial de Galicia, el Gobierno gallego queda obligado a seguir aplicando este sistema y valorar el tiempo trabajado en el área sanitaria y la enseñanza.

Para cubrir plazas en el resto de la Administración autonómica, no existía ninguna regla fija y cada proceso selectivo se organizaba de forma diferente. En algunos casos, se convocaban oposiciones libres, sin valoración del tiempo trabajado. En otros, se hacía concurso-oposición y se puntuaba la experiencia, pero nunca se ponderaba con el máximo legal permitido del 40%. Es decir, en algunos casos, la antigüedad en la Xunta se valoraba con un 10%, en otros con un 30%.

"Con el acuerdo suscrito con los sindicatos se utilizará el sistema de concurso-oposición y no el de oposición libre y se valorarán los méritos de experiencia laboral hasta el máximo legal permitido. Se mantendrá ese criterio en los procesos de estabilidad en toda la Administración de la Xunta hasta 2020".

Las limitaciones impuestas por el Gobierno en las tasas de reposición de vacantes obligaron al Ejecutivo gallego a cubrir muchas de estas plazas con personal temporal para garantizar la prestación de servicios públicos y de ahí que la temporalidad en la Administración autonómica se haya disparado durante la crisis y la Xunta intente ahora estabilizar empleo.

Según explica Emilio Doforno, de Comisiones Obreras, la temporalidad, en todo caso, es desigual. "Se concentra en Política Social y Medio Rural", señala, al margen del Sergas que también tiene una elevada tasa de eventualidad.

Según los cálculos del secretario de Política Sindical de UGT, Juan Loureiro, en el Sergas hacen falta 3.800 nuevas plazas para estabilizar a personal temporal. Sin embargo, denuncia que la Consellería de Sanidade solo ha comunicado, de momento a Madrid, convertir en fijos a unos 1.200.

CSI-CSIF cifra en casi sesenta mil los aspirantes para trabajar en algún puesto de la sanidad gallega. Esta cifra aumentó casi un 10 % en el último año. De ello, 17.883 están en lo que se denomina suspensión de llamamientos, otros 14.000 trabajan habitualmente como estatutarios temporales mediante contratos eventuales y unas 28.000 personas que son las que siguen esperando que una llamada del Sergas les ofrezca un contrato temporal.