La caja fuerte de la Justicia cerró el año pasado con más de 4.150 millones de euros bloqueados en España. En los juzgados gallegos permanecen inmovilizados casi 160 millones a la espera de una sentencia. Estos depósitos, que suponen unos ingresos medios diarios en los órganos judiciales de la comunidad de 446.800 euros, corresponden a pagos de fianzas de libertad, multas, ingresos por subastas, embargos o indemnizaciones de procesos judiciales en curso. Los jueces determinarán en sus fallos si las cantidades congeladas deben devolverse a quien las abonó o si, por el contrario, se destinan a indemnizaciones, multas o costes procesales. Mientras en el conjunto del país se produjo un ligero descenso de las partidas retenidas en los tribunales respecto a 2016 (79 millones menos, lo que significa una caída del 1,87%), en el caso de Galicia los depósitos en las cuentas judiciales sumaron el último año 3,2 millones más (2,09%).
El año 2017 se cerró con 159,44 millones de saldo en las cuentas de depósitos y consignaciones en los juzgados gallegos frente a los 156,17 millones del ejercicio anterior, según el balance que acaba de publicar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos datos convierten a Galicia en la sexta comunidad con más fondos retenidos por pleitos, por detrás de Madrid (cerca de 1.457 millones), Andalucía (559,3), Cataluña (513,9), Comunidad Valenciana (375,7) y Castilla-La Mancha (163,3).
Galicia mantiene así la tendencia al alza en sus depósitos judiciales pese a la caída de la litigiosidad. Mientras en España los asuntos judicializados el año pasado -a falta de la publicación de los datos del último trimestre- aumentaron un 2,5%; en los tribunales gallegos cayeron cerca de un 5%. Por el contrario, las partidas inmovilizadas en los órganos judiciales en el conjunto del país disminuyeron, al pasar de más de 4.229 millones al cierre de 2016 a 4.150 el año pasado.
Junto a Galicia, otras diez comunidades aumentaron los fondos bloqueados por los pleitos celebrados el ejercicio pasado -Cantabria (51,4%), Navarra (43,9%), Aragón (20,3%), País Vasco (16,6%), Castilla-La Mancha (14,6%), Baleares (11,4%), Extremadura (9,9%), Murcia (6,6%), Canarias (5,1%) y Andalucía (0,4%). En las seis autonomías restantes se produjo un descenso en la caja fuerte de sus juzgados, con Rioja a la cabeza del desplome (-24%), seguida de Madrid (-11%) y Castilla y León (-8,2%).
En Galicia, la provincia de A Coruña es la excepción en el mapa de consignaciones judiciales, ya que es la única que afrontó una caída en los depósitos inmovilizados el último año. Los tribunales coruñeses cerraron 2017 con poco más de 89 millones congelados a la espera de sentencia frente a los 90,12 millones de 2016, lo que supone una caída del 1,16%. El volumen de los fondos retenidos en los órganos judiciales de A Coruña la coloca en el puesto 11 de la tabla nacional. A Coruña, por ser sede de un mayor número de instancias judiciales, es la que concentra la cantidad más alta de depósitos retenidos en la comunidad. En el puesto 20 del conjunto del Estado, están los tribunales de Pontevedra, con 45,31 millones retenidos (2,44 millones más que los 42,87 del ejercicio anterior, lo que significa un aumento del 5,7%). Las cuentas en los juzgados de Ourense y Lugo están en la cola, con poco más de 16 millones bloqueados en los tribunales lucenses (una cantidad que los sitúa en el undécimo puesto con menos consignaciones judiciales de España) y 9 millones en los juzgados ourensanos (10º puesto por el final de la tabla). En ambos casos se produjo un aumento respecto al año anterior: casi el 9% en los tribunales de Lugo y 6,6% en los de Ourense.
A la cabeza del ranking nacional están los órganos judiciales de Madrid, con casi 1.457 millones inmovilizados (el 35% del total en España), seguidos a gran distancia de los tribunales de Barcelona (407,64 millones), Alicante (175,7 millones), Málaga (164,67) y Valencia (163,95). En el otro extremo de la tabla se encuentran Teruel (2,7 millones), Soria (2,9), Ávila (3,8) y Segovia (4,2%).
Buena parte de los depósitos bloqueados se devuelve a los litigantes, aunque sin intereses, o bien van a parar a la parte contraria cuando se dicta sentencia a su favor. Algunas de esas entregas corresponden al Ministerio de Justicia, como son los ingresos para la interposición de un recurso. Sin embargo, hay miles de euros que tras años congelados en el banco se quedan en las arcas del Estado porque si una vez finalizado el proceso judicial los ciudadanos no reclaman las cantidades, estas pasan a las arcas del Estado, al igual que los depósitos en concepto de fianza de acusados en rebeldía y aquellas consignaciones con algún error formal.
Desde el Consejo General de Poder Judicial advierten de que las elevadas cantidades inmovilizadas en los juzgados son, en parte, consecuencia de la lentitud de la Justicia, por lo que piden reformas que aceleren las resoluciones.
Con un sistema judicial más ágil, estos fondos podrían volver al circuito económico en beneficio de los particulares y de las arcas públicas. Los procesos mercantiles, según detallan fuentes judiciales, son los que mayor cantidad de depósitos realizan, de manera que la demora en la resolución de esos litigios puede provocar, por ejemplo, que una empresa quiebre por tener fondos bloqueados.
