Tras cerrarse sin acuerdo la negociación del lunes entre la Xunta y los sindicatos, la huelga en el sector de la Justicia en Galicia cumple hoy su primera semana y su sexta jornada de paro con 2.000 juicios suspendidos y 13.000 trámites denegados. Desde que el pasado miércoles se inició la protesta, cada día se dejaron de celebrar medio centenar de procesos judiciales. El lunes y ayer, al ser festivo en cuatro de las siete grandes ciudades -A Coruña, Lugo, Ourense y Ferrol- la cifra bajó a 200 vistas anuladas en cada jornada. Por tanto, serían casi 2.000 los casos aplazados en los cinco días de huelga. Para la Xunta estos datos serían "exagerados" porque mientras los sindicatos mantienen el seguimiento en el 90%, el Gobierno gallego lo rebaja hasta el 41%.
Las organizaciones sindicales avisan de que los juzgados ya tenían juicios marcados hasta junio, por lo que, teniendo en cuenta que agosto es un mes inhábil en Justicia, todos los asuntos que se anulen estos días se pospondrán como mínimo hasta el último trimestre del año. Además, aclaran que el colapso se agravaría debido a que aunque los juicios urgentes fijados en los servicios mínimos se celebren, no se llegarían a ejecutar las sentencias. Para que el fallo sea efectivo es necesario notificar y registrar un escrito y estos trámites -añaden- "no se consideran urgentes y, por tanto, no se realizan".
Pero la huelga de los 2.700 funcionarios de la Administración de Justicia que dependen de la Xunta no solo se nota en el retraso de los procesos judiciales. Todos los trámites que los ciudadanos tengan que realizar en los registros civiles, según los sindicatos, están "paralizados al 100%". Pedir una fe de vida para cobrar una pensión del extranjero o solicitar una partida de nacimiento necesaria para iniciar los trámites para cobrar una paga de jubilación o incapacidad, comenzar un divorcio o tramitar un expediente de nacionalidad son solo algunas de las gestiones que no se han realizado estos días. De hecho, entre todos los documentos que expiden estos organismos solo se consideran urgentes los certificados de defunción.
Manuel González, representante del comité de huelga, explica que en las ciudades de A Coruña y Vigo, que cuentan con servicio exclusivo de registro civil, se atienden una media de 500 personas al día, en Pontevedra alrededor de 200 y en las urbes de Santiago, Ferrol, Lugo y Ourense se tramitan más de un centenar de solicitudes en cada caso. Solo en las grandes ciudades, por cada jornada de paro se deniegan por lo menos 1.600 documentos. A ellos habría que añadir que en los 38 partidos judiciales restantes de la comunidad, según González, reciben como mínimo 20 personas al día. Entre los 1.600 certificados que no se tramitan en las grandes urbes y los 760 de las villas medias alcanzan los 2.360 por jornada, casi 13.000 en los cinco días de paro.
Pese a que ayer fue Martes de Carnaval, en Santiago, Pontevedra y Vigo se celebraron asambleas con los trabajadores para informarles del resultado del último encuentro con el Gobierno gallego y sacaron como conclusión el mensaje de que "hay que aguantar". Desde distintas organizaciones consideran que "no será difícil" puesto que "la gente está muy cabreada por lo que interpretan como una continua tomadura de pelo de la Xunta".
Consideran que la propuesta presentada por la Dirección Xeral de Xustiza el lunes es "inaceptable" y sostienen que "la pelota está en el tejado" de la Administración gallega, que se "comprometió" -aseguran- a analizar sus demandas y convocarlos a finales de esta semana, aunque no concretaron ninguna fecha. El vicepresidente del Gobierno gallego y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, aclaró ayer que la negociación "sigue abierta" y se puede retomar "en cualquier momento", pero matizó que no hay ninguna fecha fijada.
Los empleados que se movilicen hoy en A Coruña y Vigo irán "de luto" coincidiendo con el Entierro de la Sardina y en señal de protesta por "la falta de actitud negociadora" del Ejecutivo autonómico. Y para mañana están previstas manifestaciones en las grandes ciudades, a la espera de recibir la autorización en alguna de ellas.
El Gobierno gallego planteó el lunes una nueva oferta que plantea subidas salariales de entre 816 y 1.080 euros anuales en función de la categoría, frente a la horquilla inicial de entre 660 y 900 euros. Las centrales, por su parte, presentaron una contraoferta por la que en vez de reclamar 270 euros al mes más para cada puesto, ahora demandan 225 a repartir en tres años: 100 euros de aumento este año, 75 en 2019 y 50 en 2020.
Rueda, rechazó ayer esta contraoferta e instó al comité de huelga de los funcionarios del sector judicial gallego a que reconsideren su posición sobre la última oferta del Gobierno gallego. "No va a variar por mucho que pasen los días", advirtió. "Esto no es ningún pulso, ningún toma y daca; estamos hablando de recursos públicos y la Xunta los tiene que administrar con racionalidad y responsabilidad", insistió el conselleiro, quien califica como "inasumibles" las demandas sindicales.
Además de la parte económica, el comité de huelga reclama la paralización de la a amortización de las plazas pendientes y que se suprima la "discriminación" respecto a otros funcionarios con descuentos de hasta la mitad del sueldo en bajas por incapacidades transitorias.
