La huelga de los funcionarios de Justicia que dependen de la Xunta entró ayer en su tercera semana. Después de la manifestación del sábado en Santiago, el conflicto sigue más enrocado que nunca sin visos de que se retomen las negociaciones ni se acerquen posturas. Son ya 14 jornadas de paro que han provocado la suspensión de 7.000 juicios, una media de 500 al día, además del colapso de los registros civiles de la comunidad, donde solo se practican servicios urgentes como licencias de enterramiento. A las reclamaciones de los 2.700 funcionarios de Xustiza se suman ahora los 60 forenses que ejercen en Galicia. Desde el colectivo señalan que en su caso la huelga está "controlada" porque, al tratarse de una labor "de calado y sensible", la mitad de la plantilla está trabajando para cubrir los servicios mínimos.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, instó ayer al comité de huelga a ser "serios" y volver a la mesa de negociación para estudiar la propuesta del Gobierno gallego que en el aspecto económico -afirmó- se mantendrá en una subida del complemento autonómico transitorio de 816 a 1.080 euros anuales. Los sindicatos, por su parte, también se mantienen en su oferta de 2.700 euros al año que, según aclaran, no supondría un aumento de salario sino "recuperar la cantidad perdida por los recortes aplicados durante la crisis". El conselleiro de Xustiza sí se muestra dispuesto a acceder en las peticiones sobre la amortización de plazas y la igualdad de remuneración al personal que releve a compañeros de un rango superior. Y en cuanto a los descuentos de salario en bajas por incapacidad transitoria se compromete a trasladar las condiciones "más ventajosas" que se negocien a nivel estatal en Madrid.

Otro punto de conflicto tiene que ver con los negociadores. Las organizaciones sindicales rechazan sentarse con el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, que hasta ahora representaba al Gobierno gallego con su homólogo en Xustiza, Juan José Martín. Por eso, ayer el comité de huelga registró la solicitud para reclamar que las negociaciones con la Xunta se vuelvan a trasladar al Consello Galego de Relacións Laborais y que sea su presidenta, Verónica Martínez, quien retome de nuevo la mediación entre sindicatos y la Administración. Recuerdan que esta vía fue aceptada por todas las partes hasta que el Ejecutivo autonómico la dejó de forma unilateral el pasado 19 de enero, a pesar de ser la única -opinan- con la que se lograron ciertos avances en este conflicto.

En este sentido, Rueda pide "no poner excusas para no negociar" y rechaza que el director xeral de Función Pública no conozca la situación en el ámbito de Justicia. El conselleiro de Xustiza descarta estos "vetos" sobre las personas que acuden a las reuniones en representación de la Xunta y solicita "hablar de lo principal, que es la oferta, con independencia de quien lo transmita".

Los sindicatos señalan que estas declaraciones "avivan más el fuego" y provocan que el seguimiento sea "muy alto" -aunque con leves descensos respecto a los primeros días- pese a alcanzar hoy las 15 jornadas de paro, lo que conlleva la pérdida de unos 80 euros de sueldo diarios. Las cifras del comité de huelga sobre ayer revelan que un 80% de los trabajadores respaldó la protesta. La Xunta, sin embargo, rebaja el seguimiento al 37%.

Los grupos de la oposición en el Parlamento gallego -En Marea, PSdeG y BNG- registraron ayer una petición conjunta para solicitar la comparecencia del conselleiro de Xustiza en la Cámara sobre este asunto. "Rueda debe ponerse al frente y si no es capaz de gestionar el conflicto, debe dimitir y marcharse", avisó el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares.

Su homólogo en el PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, propone al vicepresidente gallego que pilote él mismo las negociaciones o que tenga en cuenta la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais. Por su parte, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, acusa a Rueda de comportarse como "un hooligan" o "un bombero pirómano que en medio de un incendio echa más gasolina al fuego impidiendo que las partes se sienten a negociar".

Los funcionarios de Justicia tienen previsto reunirse esta semana con el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, y con el de Vigo, Abel Caballero. El regidor ferrolano, Jorge Suárez, los recibió ayer y anunció que en el próximo pleno municipal se presentará una moción de apoyo al colectivo y se instará a la Xunta a que "abra la vía negociadora real".