La huelga de los funcionarios de la Administración de justicia que dependen de la Xunta cumplió ayer 18 jornadas efectivas -sin contar fines de semana o festivos- en las que el número de juicios suspendidos, con una media de 500 por día según los sindicatos, alcanza ya los 8.000. Tras el fracaso de la última reunión entre los sindicatos y el Gobierno gallego el pasado 12 de febrero las dos partes no han vuelto a sentarse para llegar a un acuerdo en la subida del complemento autonómico transitorio que los trabajadores exigen para recuperar el nivel previo a los recortes de la crisis. La última propuesta del Ejecutivo autonómico oscila entre 816 y 1.080 euros al año según la categoría a la que pertenecen los 2.700 funcionarios (gestores, tramitadores y personal de auxilio). Los sindicatos, por su parte, piden 2.700 euros más al año.

El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, ofreció esta semana retomar las reuniones pero si se suspendía antes el paro, idea rechazada por el comité de huelga al calificarla de chantaje. Ahora son las organizaciones sindicales las que le recuerdan al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que su Gobierno "tiene la obligación de negociar" para buscar una salida a la protesta. De hecho, el comité de huelga se reunirá el lunes y en ese encuentro estudian tomar ellos la iniciativa para reconducir las conversaciones. "Si no nos llaman ellos, llamaremos nosotros", alega Manuel Díaz, de UGT, quien añadió que pedirán que Rueda se sume a la mesa negociadora.

Los sindicatos insisten en la mediación para dialogar "con luz y taquígrafos" y por eso, reclaman que el Gobierno gallego acepte la intervención del Consello Galego de Relacións Laborais, Verónica Martínez. Díaz admite, sin embargo, que tiene "pocas esperanzas" en que la Administración autonómica acepte esta vía porque ya la rechazó en su momento.

En cuanto a las retribuciones, la parte sindical solicita a la Xunta que devuelva a los trabajadores la posición que tenían antes de la recesión, lo que supone situarse en el mismo tramo que Asturias o Andalucía si se tiene en cuenta solo el complemento autonómico transitorio que perciben las doce comunidades con las competencias transferidas. En este caso, Galicia se sitúa en el último puesto con 435 euros para las tres categorías (gestores, tramitadores y auxilios). En este sentido, la Xunta debería incrementar entre un 33% y un 39% su última propuesta para equiparse a Asturias, es decir, entre 100 y 120 euros al mes que supondría pasar de la horquilla de 816 a 1.080 al año a otra de 1.140 a 1.440 euros que estaría un 47% por debajo de la petición de las centrales sindicales.

En este sentido, el comité de huelga no aclara si estarían dispuestos a rebajar sus exigencias e insisten en que "lo único que tiene que hacer la Xunta es ajustarse al mandato parlamentario" aprobado el pasado diciembre en la Cámara gallega por todos los partidos -incluido el PP gallego- que defendía que los funcionarios gallegos "estén de la mitad para arriba" de la tabla salarial en el conjunto de las autonomías con las competencias transferidas, sin incluir Ceuta y Melilla como hace -critican- el Gobierno gallego en sus estadísticas.

"No queremos estar en la Champions pero tampoco de últimos", señaló Díaz. Por eso, insiste que aunque la orden del Parlamento gallego "no pone cifras a nada" pero "dice lo suficiente como para que se pueda llegar a una cuerdo y "da las líneas a seguir".

Debido a que precisamente las reivindicaciones del colectivo fueron apoyadas por todos los grupos con representación parlamentaria en diciembre por considerarlas "justas", los sindicatos afean a Feijóo sus críticas sobre la "politización" del conflicto. Y para recordarle que ellos son los menos interesados en mantener la huelga la recuerdan al presidente su pasado como exsindicalista en la a Agrupación de Funcionarios Interinos e Contratados Administrativos, desde donde participó en dos huelgas contra la Xunta entre 1988 y 1991.