"Cada semana de huelga es un año de retraso" en un sistema judicial, ya de por sí, "sobrecargado". Así explican los sindicatos las consecuencias de la huelga de los funcionarios de justicia que dependen de la Xunta que el próximo miércoles cumplirá un mes y que ya acumula 18 jornadas lectivas de paro. El comité de huelga calcula que, con una media de 500 juicios suspendidos por cada jornada de protesta, los casos aplazados superan los 9.000, una cifra que la Xunta ve "exagerada". A ello se suman otros miles de trámites denegados -fes de vida o certificados de nacimiento y defunción- debido a la paralización casi total en los registros civiles, que solo expiden licencias de enterramiento. En algunos tribunales hay procesos que no tendrán nueva fecha para celebrarse hasta 2019. Y de seguir la huelga podrían demorarse aún más. "Cuatro semanas son cuatro años de atrasos", avisan las centrales.

El primer paro de los funcionarios de Xustiza en los más de 20 años desde que se transfirió la competencia a la comunidad está en un punto muerto tras el fracaso de la última reunión entre los sindicatos y la Xunta el 12 de febrero, pese a que ambos insisten en que tienen "toda la voluntad de negociar". El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, ofreció la semana pasada sentarse a dialogar con la condición de que suspendieran antes el paro, propuesta rechazada por el comité de huelga al considerarla un "chantaje". Es más, destacan que el Ejecutivo autonómico tiene "la obligación de negociar" y piden que el Consello Galego de Relacións Laborais actúe como mediador. Desde los colegios de procuradores y abogados gallegos piden también que se retome el diálogo. Los sindicatos se reúnen hoy y estudiarán tomar la iniciativa y llamar a la Xunta para fijar una fecha para otra reunión. Rueda tiene previsto comparecer en el pleno del Parlamento gallego el martes para dar explicaciones sobre el conflicto.

El principal punto de escollo entre ambas partes tiene que ver con la subida del complemento autonómico transitorio en el salario de los 2.700 funcionarios de Xustiza (gestores, tramitadores y personal de auxilio judicial). También propuso 1.200 euros más por ejercicio a los forenses, que se han sumado al paro. El Ejecutivo autonómico planteó en su última oferta a mediados de febrero una subida salarial entre 816 y 1.080 euros anuales, un 40% menos que los 2.700 euros al año que reclaman los sindicatos para recuperar el nivel anterior a la crisis cuando se empezaron a aplicar los recortes.