07 de marzo de 2018
07.03.2018
Más de 10.000 juicios aplazados

El atasco judicial por la huelga fuerza a Xunta y sindicatos a buscar su desbloqueo

Rueda estudia mejorar su oferta de 1.000 euros más al año y rechaza los 2.700 que pide el personal - El conflicto cumple un mes

07.03.2018 | 10:16

Al cumplirse un mes de paro en la justicia, con alrededor de 10.000 juicios aplazados, miles de certificados de defunción y nacimiento pendientes de expedirse para obtener, por ejemplo, pensiones de viudedad o la asignación de pediatra para recién nacidos y centenares de trabajadores con recortes en sus nóminas, Xunta y sindicatos se sientan hoy de nuevo a la mesa para intentar hallar el fin de un conflicto cuyas consecuencias sobre la ya atascada actividad judicial se calibrarán con el paso del tiempo.

El incremento salarial es el principal escollo en un conflicto agravado por su duración hasta el punto de que la Xunta pidió el lunes al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que garantizase trámites "esenciales" en los registros civiles. El Ejecutivo se había plantado en una oferta de entre 816 y 1.080 euros anuales en función de la categoría (gestión, tramitadores y auxilio) a aplicar entre 2019 y 2020, lejos de los 2.700 exigidos por los trabajadores para equipararse a las comunidades con competencias transferidas desde este año.

Sin embargo, el vicepresidente Alfonso Rueda abrió ayer un nuevo escenario al anunciar que convocaría para hoy al comité de huelga y aceptar la posibilidad de mejorar su propuesta. "No vamos a no hablar o ser inamovibles en ninguna oferta, tampoco en la económica", sostuvo, si bien reiteró que no llegarán a la demanda sindical. "Si los sindicatos se mantienen en casi los 3.000 euros al año, ni con Rueda ni sin Rueda, no podremos llegar a un acuerdo", expuso durante su comparecencia en la Cámara.

Sobre la mesa, el resto de reclamaciones sindicales para un colectivo que ronda los 2.700 empleados -aunque también se sumaron los forenses a la huelga-, vinculadas a la cobertura de vacantes o la cancelación de descuentos por bajas, que no se aplican jueces y fiscales.

El comité de huelga aceptó la invitación de Rueda, después de que las discusiones se rompiesen hace días tras 12 encuentros y exigiesen que fuese él quien se sentase con ellos, primero, y luego que mediase el Consello Galego de Relacións Laborais. "El comité acudirá con voluntad de negociación y diálogo como hizo siempre hasta ahora", expuso mediante un comunicado suscrito por los siete sindicatos del sector. Negociarán, aunque mantienen la huelga y no la suspenden, como había pedido Rueda, teniendo ya planificadas diversas acciones de protesta a lo largo de este mes. También confían en que la delegación de la Xunta "no esté encabezada por el director xeral de Función Pública", José María Barreiro.

Rueda confió en que "todos los sindicatos" muestren la "misma receptividad" porque "la mayoría desea una solución" durante un debate parlamentario en que la posición le afeó la incapacidad de sellar un pacto, a lo que respondió acusando a En Marea, PSdeG y BNG de "politizar" la huelga.

La viceportavoz de En Marea, Carmen Santos, acusó a la Xunta de estar interesada en mantener el conflicto y criticó que no acepte a petición salarial de los empleados mientras el Ejecutivo se sube el sueldo un 7%, en alusión a la recuperación de parte de la paga extra suprimida en 2013 aplicada a toda la plantilla pública. Censuró su "arte de negociar". "Hago una propuesta, si no la aceptáis es que no queréis negociar", la resumió tras referirse al presidente de la Xunta como "Don Vito Feijóo", lo que le valió una llamada al orden del presidente de la Cámara.

La socialista Patricia Vilán exigió a Rueda afrontar "con humildad" la negociación, doblando la oferta. Por su parte, Luís Bará (BNG) tachó de "bombero pirómano" a Rueda por avivar el conflicto y mostrar una propuesta "insuficiente". El popular Alberto Pazos replicó a la oposición acusándola de "utilizar a los trabajadores con fines espurios" y pidió a los sindicatos no exigir "mejoras que no puedan ser aplicables al conjunto de ciudadanos y funcionarios".

La huelga en la justicia demorará miles de procesos judiciales en Galicia, entre ellos la investigación sobre el accidente del Alvia que descarriló en 2013 en Angrois (Santiago), causando 80 muertos y 144 heridos. El paro provocó que se suspendiesen las dos declaraciones previstas para hoy en los juzgados compostelanos. Se trata de un cargo de Adif en calidad de investigado, y un técnico de la unión temporal de empresas Siemens y Thales, suministradora del sistema de control, mando y señalización en la línea, según informa Europa Press.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmaron el aplazamiento de ambas comparecencias ante el juez instructor del caso, Andrés Lago Louro, para las que no se ha fijado todavía una nueva fecha.

El primero de los llamados a declarar es Fernando Rebón, gerente del área e seguridad en la circulación del noroeste de Adif, al que el juez sumó como investigado -anterior figura de imputado- al director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, y a su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares.

Durante este mes y el de abril, se preveían otras doce comparecencias ante el magistrado -ocho testigos y cuatro peritos-, que están en el aire ahora por el conflicto laboral en la justicia. Las más cercanas están fijadas para los días 13 y 19.

El portavoz de una de las plataformas de las víctimas, Jesús Domínguez, lamentó, en declaraciones a Europa Press, la demora en el proceso y confió en la solución del conflicto en el ámbito judicial cuanto antes.

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