07 de marzo de 2018
07.03.2018

PP y PSdeG pactan las líneas rojas de Galicia ante la financiación autonómica

El documento coincide a grandes rasgos con el firmado por la Xunta con Castilla y León, Asturias y Aragón - En Marea y BNG censuran que no se entre en tributos

07.03.2018 | 03:25

PP y PSOE alcanzaron ayer un acuerdo en el Parlamento para definir la postura con la que acudirá Galicia a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Es un documento con diez puntos calificados como de "interés esencial" para la comunidad que funcionan como líneas rojas que no deben sobrepasarse. Entre las demandas puestas sobre la mesa, se exigirá al Gobierno de Rajoy que aumente los fondos totales -unos 16.000 millones más para todas las autonomías, según los socialistas-, que Galicia no pierda recursos en términos absolutos o que las comunidades más endeudadas no salgan favorecidas frente a las demás ante una eventual reestructuración de la deuda. El BNG votó en contra del acuerdo, mientras que En Marea optó por apoyar algunos puntos y abstenerse en la mayoría.

El pacto entre populares y socialistas coincide a grandes rasgos con el documento firmado hace un mes en León por los gobiernos de Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón para constituir una alianza en defensa de intereses comunes en la negociación de la financiación autonómica. Una coalición que, precisamente, provocó una dura contestación por parte de dos presidentes autonómicos socialistas, los de Valencia y de Extremadura.

La iniciativa aprobada ayer en el Parlamento gallego partió del PSdeG, pero fue asumida por el PP, aunque no en su totalidad, tras la negociación entre los respectivos portavoces, Xoaquín Fernández Leiceaga y Pedro Puy. Invitaron a En Marea y al BNG y a sumarse, pero el Bloque votó en contra a todo y En Marea optó por la abstención y el voto favorable en cuatro puntos.

La propuesta pactada reclama a la Xunta que defienda, ante la reforma de la financiación, que el Gobierno "aporte los recursos adicionales demandados en el informe de la comisión de expertos", con el objetivo de "reducir los desequilibrios verticales agravados en los últimos años". Esta reivindicación supondría el aporte adicional de 16.000 millones de euros anuales, como destacó el PSOE.

Del mismo modo, apuesta por un modelo que "garantice" que Galicia no pierda recursos en términos absolutos "en su primer año de vigencia, ni en los siguientes ejercicios", así como que "refuerce el principio de solidaridad interterritorial mediante la aplicación de la nivelación total", teniendo en cuenta los habitantes ajustados y el coste real de los servicios. Esto acarrea que se tenga en cuenta la dispersión poblacional y el envejecimiento, estableciendo nuevos tramos de edad a partir de los 65 años porque también conlleva un mayor consumo de recursos sanitarios.

Además se reclama que la transferencia de fondos a las comunidades se incremente cada año en la misma forma que lo haga la recaudación tributaria del Estado.

En un segundo bloque de líneas rojas, el Parlamento insta a la Xunta a demandar al Gobierno de Rajoy que "evite toda discriminación entre comunidades por la ampliación de mecanismos extraordinarios de financiación", que desarrolle las "actuaciones necesarias" para hacer efectivas las entregas a cuenta indicadas por parte del Ministerio el pasado mes de julio y que en caso de afrontarse una reestructuración de la deuda, que la medida no favorezca precisamente a las autonomías que más números rojos acumularon y mayor nivel de incumplimiento alcanzaron con los objetivos de déficit.

En su intervención de enmienda, Pedro Puy admitió que se trata de un debate "importante" aunque "complejo", tanto a nivel económico como político. Leiceaga recordó que los socialistas son "partidarios de incrementar la autonomía tributaria", aunque, destacó que "el debate hoy está en la equidad", como "cuestión central" de la financiación autonómica.

La diputada del BNG Noa Presas lamentó las "coincidencias" entre las propuestas del PP y del PSdeG, y que ninguno "apueste explícitamente" por incrementar la autonomía fiscal. Por en Marea, Eva Solla incidió en la necesidad de "hablar del sistema impositivo", así como de "marcar los suelos de ingresos que necesitan las comunidades para mantener la suficiencia del sistema". "Nos negamos a entrar en esa batalla de pobres", censuró.

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