Por quinto año consecutivo, los ayuntamientos cerraron 2017 con más ingresos que gastos. Pese a su superávit y cumplir los objetivos de gasto, Hacienda no les daba libertad para reinvertir su remanente en los proyectos que cada equipo de gobierno local considerase prioritarios para sus ciudadanos. Hasta ahora, las llamadas inversiones financieramente sostenibles se limitaban a alumbrado, distribución del agua, reparación de carreteras o parques. Un catálogo de actuaciones tan limitado que en el caso de Galicia, los ayuntamientos solo llegaron a gastar una sexta parte de su superávit.
El Estado tampoco dejaba tocar los ahorros municipales para la compra de mobiliario o vehículos, con la excepción del transporte público. Hacienda pone fecha de caducidad y de vida útil a los proyectos que pueden realizar los ayuntamientos con superávit. No pueden destinarlo a iniciativas con una vida útil inferior a los cinco años y las obras deben ser terminadas dentro del año.
Durante los últimos meses, los alcaldes reclamaron que estos ahorros puedan destinarse a infraestructuras educativas, culturales, sociales, protección civil o seguridad ciudadana.
