Los juzgados gallegos concluyeron en 2017 con dos procedimientos judiciales por corrupción, en los que se dictó juicio oral o procesamiento contra 19 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.
Además, según se desprende del repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a cinco de los acusados se le abrió procedimiento en el segundo trimestre del año, mientras que a los 14 restantes se le dictó juicio oral en el tercer trimestre.
Sin embargo, a lo largo de 2017, no ha habido ninguna sentencia condenatoria por corrupción en la Comunidad gallega, según ha informado el CGPJ este lunes, tras incorporar los datos correspondientes al último trimestre de 2017.
En el total estatal, el informe ha concluido que la justicia cerró el pasado año con un total de 97 procedimientos por corrupción en los que se abrió juicio oral o procesamiento contra 411 personas.
De los 97 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 20 corresponden a los últimos tres meses de 2017. La Audiencia Nacional terminó la investigación de cuatro causas y la comunidad autónoma que más instrucciones concluyó fue Andalucía (22), seguida de Canarias y Cataluña (11), según estos datos.
De todas estas causas, los jueces y juezas españolas dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 411 personas, de las cuales 97 de ellas fueron sentadas en el banquillo de los acusados en el último trimestre.
Se dictaron 126 sentencias
Por otro lado, el repositorio informa de que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, juzgados y tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 93 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento del total.
En el último trimestre de 2017 fueron notificadas 26 sentencias, de las cuáles 18 resultaron condenatorias. Según los datos publicados, de estas resoluciones solo ocho de ellas fueron dictadas contemplando una conformidad alcanzada por las partes.
El repositorio es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción mediante la actualización trimestral de la información sobre sus principales indicadores: personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, entre otros.
La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.
De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
