Tras el fracaso de la última reunión entre la Xunta y los funcionarios de la Administración de Xustiza del lunes, el Gobierno gallego dio por rotas las negociaciones mientras que los sindicatos anunciaron nuevas medidas de presión y se encerraron en varios edificios judiciales como en el de A Coruña y Vigo para presionar que el Ejecutivo autonómico les siga llamando que terminaron con el desalojo por parte de la policía. Los trabajadores votarán hoy si mantienen la exigencia salarial o si autorizan a los sindicatos a bajarla. Desde el inicio del paro el pasado 7 de febrero los sindicatos rebajaron su oferta inicial un 30%. Su petición inicial ascendía a un incremento de 270 euros mensuales en el complemento autonómico transitorio que el Gobierno gallego abona al colectivo, lo que suponía una subida de 3.240 anuales. En las primeras negociaciones a mediados de febrero, al mismo tiempo que la Xunta mejoraba su oferta salarial, el comité de huelga cedía en sus pretensiones con una rebaja del 17% hasta los 225 euros al mes, unos 2.700 más por ejercicio. Y el tercer y último movimiento lo realizaron a principio de marzo con otro descenso del 15,6% con una demanda de 190 euros más mensuales que equivaldrían a 2.280 euros al año.

En este mismo periodo, el Ejecutivo autonómico ha lanzado hasta cinco propuestas con un aumento de sueldo por encima del 70% en el caso de los gestores y tramitadores y casi el doble en la cuantía para el personal de auxilio. En el arranque de los paros, la Xunta ofreció 75 euros mensuales para el grupo más alto, 62 al intermedio y 55 al más bajo, o lo que es lo mismo, incrementos anuales en una horquilla entre los 660 y los 900 euros según la categoría. Tres días más tarde, la Administración mejoró la cantidad ofrecida a los tramitadores y personal de auxilio en un 22% hasta una subida de 922 y 816 euros por ejercicio respectivamente. Para los gestores la mejora fue del 12%, al pasar de 900 a 1.080 euros más al año.

Mientras el número de juicios suspendidos alcanzaba una media de 500 por jornada además de los miles de trámites anulados en los registros civiles, ambas partes trataron de alcanzar un entendimiento a mediados de febrero. Pero las nueve horas de encuentro del día 19 y otras cinco al día siguiente no permitieron avanzar y se mantuvieron las mismas propuestas iniciándose además acusaciones del comité de huelga y el director xeral de Función Pública, José María Barreiro. De la cantidad de aumento de sueldo se pasó a debatir sobre los negociadores y mientras la Xunta insistía en mantener a los directores de Xustiza y Función Pública, los sindicatos exigían la mediación de la presidenta del Consello de Relacións Laborais o la presencia del conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, en las reuniones.

No hubo ningún otro avance hasta que las posturas se alejaron aún más el 1 de marzo con la propuesta del vicepresidente gallego de retomar las negociaciones a cambio de que se desconvocase el paro, petición rechazada y calificada como chantaje por los trabajadores.

A pesar de las tensiones, el nuevo encuentro se celebró ocho días más tarde y fue en el que el comité de huelga propuso su última rebaja hasta los 190 euros. Lo hizo después de que el Ejecutivo gallego les plantease dos ofertas. Por una parte, una subida lineal para los tres cuerpos de 105 euros al mes (1.260 euros al año), un 11% por encima de la anterior ocpión. También les presentó la posibilidad de un incremento del 30% para gestores y tramitadores hasta los 118,7 y los 97,1 euros mensuales en cada caso. En cuanto a la categoría de los trabajadores de auxilio, el repunte llegó al 37%, pasando de 68 a 93,6 euros al mes. Así, la oferta global pasaba de un intervalo de 816 a 1.080 más al año a otro de 1.123 a 1.425 euros.

Con la última alternativa ofrecida el lunes la Administración autonómica realizaba un nuevo repunte, en este caso de un 11% en los tres grupos. De esta forma, los gestores pasarían a cobrar 133,15 euros más al mes, los tramitadores 108 y los auxilios 105. Sumando la mejora a las doce pagas anuales, la subida global oscila entre los 1.260 euros del grupo más bajo y los 1.596 del más alto. Pese a todos estos movimientos, la Xunta tendría que aumentar entre un 30% y un 45% el salario de los funcionarios en huelga para igualar su demanda. Pero el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, insistió ayer en que no habrá más aumentos por parte del Ejecutivo, aunque sí que se mostró dispuesto a negociar como se repartiría la mejora entre este ejercicio y 2020 y si se aplicaría de forma lineal o por cuerpos.