La problemática no pasaría de ser anecdótica si fuese una huelga de escasas jornadas. Pero el paro de funcionarios judiciales cumple hoy la friolera de dos meses. Una cuestión clave en todo conflicto de estas características son los servicios mínimos. Y es esta materia la que aborda una comunicación de la Xunta dirigida al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), donde expone unas "aclaraciones" al entender que no se están realizando todos aquellos trámites amparados por la orden publicada al inicio de la huelga para garantizar los servicios judiciales "esenciales". Una cuestión, la de "interpretar" cuáles son esas actuaciones urgentes de obligado cumplimiento y asegurarse de que se hagan, que el Gobierno autonómico dispone que es "competencia" de los letrados de la Administración de Justicia -secretarios judiciales-, aunque también "en última instancia" de los jueces.
El problema es que esa "interpretación" -discernir sobre todo en las materias más ambiguas qué trámites son urgentes y cuáles no- está generando serias "dudas" entre los secretarios judiciales.
"Nos preocupa la situación de inseguridad que tenemos con la interpretación de las normas que regulan la huelga; se están dando criterios distintos según partidos judiciales e incluso entre juzgados de una misma ciudad", exponen fuentes de este colectivo.
Así, ponen como ejemplo que en algunos tribunales ciertos "juicios rápidos" se consideran materia urgente y en otros no. Y lo mismo ocurre con las incapacidades. Y las actuaciones que se hacen en el Registro Civil, especialmente las certificaciones, también plantean "dudas", "problemas de interpretación".
Los secretarios judiciales reconocen que el reciente escrito de la Xunta "aclara" la orden, pero ha generado "más dudas" entre el colectivo, el de los funcionarios y el del resto de profesionales de la Justicia.
