Las seis comunidades que tienen lengua propia defienden que es necesario el conocimiento del idioma para el acceso a la función pública con el fin de "garantizar los derechos de la ciudadanía a utilizar la lengua que elijan para sus relaciones con las administraciones públicas". Los representantes de Galicia, Navarra, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valencia e Islas Baleares celebraron en Pamplona una reunión de la comisión de seguimiento del protocolo de colaboración en políticas lingüísticas.
Las seis comunidades compartieron su "preocupación por el debate abierto respecto a que se deba o no exigir el conocimiento de las lenguas oficiales para el acceso a la función pública".
