Después del sufrido informe del comité de expertos designados por las comunidades y el Gobierno central para la reforma del sistema de financiación autonómica y de la evaluación también que las propias regiones hicieron a partir de esas propuestas, ahora le toca el turno al Ministerio de Hacienda, encargado de poner sobre la mesa el punto de partida del debate. "Por fin", señala Miguel Corgos, director xeral de Planificación e Orzamentos de la Xunta, ante el enorme retraso que acumula el nuevo modelo, pendiente de cambios desde 2015.

Lejos de las posturas que defienden un reparto de fondos, sobre todo entre aquellos territorios con mayor capacidad fiscal y, por tanto, más recaudación, desde San Caetano tienen claro que la premisa de distribuir los recursos en función de las necesidades de gasto es irrenunciable. Por eso quieren ir más allá de los servicios públicos básicos -sanidad, educación y servicios sociales- y que la nivelación tenga en cuenta también otros capítulos "como protección civil, medio ambiente, incendios o cultura". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dejó claro en muchas ocasiones que Galicia cierra la puerta a una quita de la deuda autonómica, aunque sí está dispuesto a "una reestructuración equitativa". ¿Cómo? El director xeral de Planificación lo aclaró ayer durante su participación en la cumbre anual del Foro Económico de Galicia celebrada en A Toxa: "una combinación de la reestructuración de la deuda y la subvención de los tipos de interés".

De otra forma, asegura Corgos, el nuevo sistema podría nacer viciado. La Xunta apuesta por la vuelta "cuanto antes" de las comunidades al mercado para financiarse por sí mismas y abandonar los mecanismos de liquidez -el FLA para las regiones incumplidoras del déficit y el Fondo de Facilidad Financiera para el resto, incluida Galicia- habilitados por el Gobierno central en los años de crisis y todavía en vigor. Si el modelo de financiación aspira a dar suficiencia de fondos a las autonomías, "las más endeudadas no podrían seguir funcionando con normalidad", según el director xeral, que, eso sí, avisa que queda mucho "por discutir".