La emigración ha supuesto en la historia de Galicia un recurso para buscar un futuro mejor y, en muchos casos, un flujo económico de vuelta para ayudar a quienes se quedaron aquí. Ahora, la Xunta busca en la diáspora un remedio contra el declive demográfico y poblacional de la comunidad. Aspira a recuperar en tres años a 20.000 gallegos que viven en el extranjero, cifra casi equivalente a los habitantes que perdió en los dos últimos años (21.500). La estrategia de la administración prevé invertir 15 millones de euros en ayudas específicas para los retornados y permitirles acceder a otras subvenciones a las que ahora no tienen derecho, como la Tarxeta Benvida, que supone 100 euros al mes durante el primer año de vida de un recién nacido.

Estas cifras suponen el reto principal de la Estratexia Retorna 2020, que pretende "rejuvenecer la población gallega y contribuir a superar la crisis demográfica que atraviesa la comunidad y facilitar el derecho de los emigrantes gallegos y sus descendientes a regresar a Galicia", según el equipo de Alberto Núñez Feijóo, que ayer esbozó los principales apartados de una hoja de ruta que se aplicará este año, 2019 y 2020 y que fue aprobada por el Consello. En ese periodo se proponen duplicar el retorno de los emigrantes.

El compendio de ayudas a los retornados, como becas de estudios o incentivos empresariales para su contratación, pretende paliar uno de los principales problemas de Galicia, que no presenta un saldo vegetativo positivo -más nacimientos que defunciones- desde hace 25 años. Además, desde 2011 la población cae sin parar tras frenarse el contrapeso que la inmigración suponía sobre la baja natalidad. En la última década, por ejemplo, la comunidad se quedó sin 185.000 personas de entre 20 y 40 años, lo que muestra un panorama de envejecimiento progresivo. Por eso, la Xunta quiere que el 60% de los retornados que regresen -12.000- tengan menos de 45 años.

El contexto parece proclive a su regreso. La crisis económica en algunos países latinoamericanos, especialmente Venezuela, ha intensificado ese retorno y en 2016, último año con cifras cerradas del Ministerio de Empleo, se instalaron de nuevo en su tierra 5.150 gallegos, el dato más alto desde 2007.

La Xunta pretende centralizar todas las nuevas ayudas a este colectivo, así como aquellas a las que podrán acceder -la inversión total ascendería así a 235 millones, según Feijóo-, en una oficina única, que tendrá extensión en internet y un teléfono operativo las 24 horas del día. Entre las novedades, se incluye la creación de nuevas becas para cursar Formación Profesional Superior, con aportaciones máximas de 5.000 euros, o el refuerzo de las ya implementadas para atraer a licenciados que quieran cursar un máster en Galicia, con cantidades que oscilan entre los 7.000 y los 11.500 euros. La Xunta prevé otorgar 150 becas anuales de cada tipo. Además, los retornados que monten un negocio podrán acceder a una subvención de hasta 10.000 euros .

También podrán acceder a fondos y servicios a los que ahora no tenían acceso relativos al Bono Concilia o las guarderías y su contratación recibirá el máximo incentivo a la contratación, el mismo que para parados de larga duración o personas con discapacidad: 8.000 euros.

Por otro lado, el Consello también analizó el plan de compras centralizadas del Servizo Galego de Saúde para este año y el próximo, que prevé un gasto de casi 246 millones de euros por ejercicio, lo que supone, según el Ejecutivo, un ahorro de 21,8. La compra de medicamentos supondrá 116,4 millones anuales y el resto se dedicará a implantes y otros productos sanitario, capítulo que Sanidade habitualmente presupuesta por debajo de sus necesidades reales. El año pasado, necesitó inyectar 231,1 millones extra para estos materiales, así como para recetas.

Sanidade pone a disposición dos aplicaciones para "mejorar la accesibilidad e interacción" con los pacientes. La primera, Saúde Móbil, permitirá acceso a todos los servicios digitales de la sanidad. La segunda, Contacte, funcionará como ventanilla para realizar aportaciones y presentar reclamaciones, si bien estas últimas no podrán ser anónimas.