"Perplejo". Así se ha quedado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, después de la abrupta ruptura de las negociaciones con los sindicatos para poner fin a una huelga en justicia que se alarga durante más de setenta días. El número dos del Gobierno gallego insiste en que existía un preacuerdo con cuatro de las centrales, que aglutinan al 60 por ciento de los trabajadores."Pero cuando los siete sindicatos se quedaron solos, cambió la postura de cuatro", lamenta.
La causa, en su opinión, fue la "presión" que ejercieron esos sindicatos minoritarios, CUT, CIG y STAJ, "que quieren que el conflicto continúe". "Y lo lamento por los judiciables que no reciben servicios fundamentales y por los trabajadores que no van a la huelga y también se ven afectados", declaró Rueda tras el Consello de la Xunta.
Según explicó, existía un preacuerdo con CCOO, UGT, CSIF SPJ USO que recogía una subida gradual en tres años de 135 euros al mes para gestores, 127 para tramitadores y 122 para cuerpos de auxilio, así como un plan de recuperación del trabajo supervisado por jueces y fiscales. El vicepresidente de la Xunta señaló que los cuatro sindicatos mayoritarios estuvieron "cómodos" negociando con el Gobierno gallego, pero a última hora rompieron el acuerdo. Según dijo, "en ningún momento" estos representantes de los trabajadores pidieron integrar en las negociaciones a los tres sindicatos restantes.
"Nosotros no vamos a entrar en una subasta, en un bucle sin fin", señaló. De hecho, recalcó que defienden los intereses de los gallegos porque esos incrementos retributivos se van a pagar "con el dinero de sus impuestos".
