El conflicto en la Justicia gallega, lejos de amainar, se recrudece. Al menos así lo avanzaron ayer los sindicatos del comité de huelga, quienes advirtieron de nuevas movilizaciones luego de otro desencuentro cuando más cerca parecía el acuerdo. Sin embargo, la jornada finalizó en la disensión más total. Hasta el punto de que a las 19.00 horas el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, hasta ahora apartado de los focos en la negociación, comparecía ante los medios para mostrar su "indignación" y "perplejidad" e informar de que había un "preacuerdo" de la Administración con cuatro de los siete sindicatos -CCOO, UGT, CSIF y SPJ-USO- para que el paro finalizase ayer. Tras romper lo pactado los sindicatos, según explicó, la Xunta "no va a convocar futuras reuniones" ni "va a haber más ofertas".
"Yo mismo estuve en la negociación", reveló Rueda, quien aseguró que existía un compromiso para que la oferta fuese trasladada a los trabajadores en las asambleas y estos decidieran. La Xunta facilitó un documento en el que se desgranan, explicó el número dos del Gobierno gallego, la última propuesta económica del Ejecutivo: 135 euros para los gestores, 127 para los tramitadores y 122 para los auxilios, lo que los situaría, dijo, de cuartos entre las autonomías.
Además, el preacuerdo incluía una "garantía" que "blindaría" a los trabajadores para "estar siempre por encima de la media de las comunidades", como pedía el Parlamento, y un plan de recuperación de "un 80% del trabajo atrasado por la huelga". Con todo, esa oferta "ya ha perdido validez", proclamó, porque el acuerdo no se cerró. "Los sindicatos siempre pedirán más de lo que se les ofrezca", criticó. Así, indicó que el comité demandó "mantener la cuarta posición" o "recuperar un 10% del dinero perdido en la huelga automáticamente".
"Esto no es una subasta ni un juego de niños", criticó Rueda, para quien los representantes sindicales "no están pensando en los trabajadores", sino en sus "intereses sindicales". "No vamos a hacer ninguna oferta más", defendió, y "dejarlo claro" fue una de las razones de su comparecencia, que consideró "necesaria" tras lo ocurrido. Se incumplió el preacuerdo y la huelga sigue. Hoy llegará a su jornada 72 y las conversaciones, retomadas tras 23 días de silencio, no han puesto freno a un paro que conlleva ya 20.000 procesos retrasados.
Los sindicatos dijeron que no a la propuesta de ayer de la Xunta (ya la duodécima), a la que reprocharon que "no cerró un acuerdo por 12 euros" después de que ellos rebajaran sus pretensiones hasta los 140 euros de incremento lineal para todos los cuerpos y aceptaran "flexibilizar" el período para lograr la subida a los tres años. De todos modos, haciéndose eco de la Xunta, también dan por "retirada" su propuesta. Las centrales rechazaron entrar en "las mentiras" de Rueda y le conminaron a que enseñe el preacuerdo firmado, añadiendo que "nadie se comprometió a llevar a la asamblea el acuerdo". Indicaron que su oferta era trasladar la última propuesta realizada por los sindicatos. "Es una forma de dividir", criticaron.
Frente a ello opusieron su "unidad" y pidieron la dimisión de Rueda y que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "tome cartas en el asunto", dado que consideran que "dejar a los gallegos en un conflicto que dura 70 días por 12 euros es una irresponsabilidad", recuerdan que han pedido la intervención del ministro de Justicia, Rafael Catalá, como "superior de Rueda".
Jueces y fiscales
Las asociaciones de jueces y fiscales han desconvocado el paro parcial previsto para hoy y lo aplazan al 17 de mayo con el objetivo de poder cumplir con el plazo de días fijado en el Real Decreto de relaciones de trabajo. Las asociaciones informaron que el motivo de la desconvocatoria es que el Ministerio de Empleo les comunicó el martes que el preaviso para hacer el paro este jueves no cumple con el plazo previsto. El motivo de los paros convocados y de la amenaza de huelga es que el sector demanda con "urgencia" medidas para reforzar la independencia judicial, modernizar la Administración y recuperar la pérdida salarial de 2010.
