Desde el inicio de la actual Legislatura en España, en julio de 2016, el Tribunal Constitucional ha sentenciado 100 impugnaciones. En tres de ellas el promotor fue el Estado contra una ley de la Xunta, y en una, la Xunta contra el Gobierno. En las cuatro, ya sea de forma parcial o total, fue favorable al Ejecutivo central.
La primera se falló en noviembre de 2016. El promotor fue la Xunta por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. El Constitucional sentenció de forma favorable al Estado.
En febrero de 2017, el Alto Tribunal dictó de forma parcialmente favorable al Gobierno central por un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Estado en relación con diversos preceptos de la Ley 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la comunidad autónoma de Galicia.
En la tercera, el Estado había puesto un recurso contra una ley de la Xunta por vulneración de las competencias estatales en materia de colegios profesionales. Fue por la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Fue parcialmente favorable al Estado, según una sentencia de mayo de 2017.
Y por último, el Estado volvió a impugnar una ley de la Xunta, la Ley de Galicia 2/2006, de derecho civil de Galicia. El Tribunal Constitucional decretó en noviembre de 2017 que también era favorable al Gobierno central.
