Expedientes cotidianos que se resuelven en un plazo de 15 días se demoran hasta dos meses. La falta de interventores, secretarios o tesoreros municipales en todo el país ha puesto en una situación límite a los ayuntamientos gallegos, con una mayor incidencia en los pequeños y medianos concellos. Ya hace dos años, los alcaldes en la comunidad advertían de la "parálisis total" en algunos municipios por el déficit de habilitados nacionales, bien porque la plaza estaba sin cubrir, porque había sido asumida por personal "de la casa" ajeno a la fiscalización de gastos e ingresos o porque tenían un secretario, tesorero o interventor a medias ya que llevaban las cuentas de varios municipios. La escasa plantilla de estos funcionarios lastra la gestión financiera y económica del 30% de los ayuntamientos gallegos, según estimaciones de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
Las quejas del municipalismo por los "graves problemas de funcionamiento" y incluso la "parálisis total" que provoca la falta de habilitados nacionales no cayeron en saco roto y la Xunta acordó lanzarle un salvavidas temporal con una bolsa de interinos para que contraten los ayuntamientos, obligados a contar con interventores, secretarios y tesoreros con habilitación estatal. Tras el curso de formación, la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pondrá a disposición de los concellos a partir de la segunda semana de mayo a un total de 64 funcionarios para asumir las tareas que se acumulan en los despachos municipales.
Debilitamiento en el control
Pliegos para sacar a concurso una obra o plazas temporales, informes de procedimiento, tramitación de facturas? Son algunos de los trámites que se ven afectados por el déficit de habilitados nacionales en los ayuntamientos gallegos y que de los 15 días que deberían tardar en resolver en algunos casos llegan a los dos meses, según advierte el presidente del órgano de poder local, Alfredo García. Esta falta de personal se traduce también en un debilitamiento y empeoramiento de la calidad técnica, tal y como reconocen los propios habilitados nacionales.
Aunque los regidores celebran la creación de este registro autonómico, se muestran prudentes al analizar su alcance a la espera de conocer si bastará para atender la demanda actual o si habrá lista de espera. "Se ha visto atendida nuestra reclamación y se ha ampliado el número de funcionarios, pero habrá que esperar a que se ponga en marcha para ver si se agotan enseguida o si por el contrario son suficientes para atender las necesidades actuales de los ayuntamientos", apunta García.
Detrás de este déficit de habilitados nacionales en las administraciones locales gallegas está la falta de funcionarios en España, tanto porque el Gobierno apenas convoca oposiciones como por las plazas insuficientes que se sacan, según advierten fuentes municipales.
"A la lista de trámites pendientes, se suman cada día más, lo que agrava cada vez más el retraso que se acumula", lamenta el presidente de la Fegamp, quien apunta que los interventores, secretarios y tesoreros municipales tienen que priorizar en la agenda aquellos trámites que resultan indispensables para el funcionamiento de un concello, como son las subvenciones.
La situación se agravó el año pasado para los 200 ayuntamientos gallegos de menos de 5.000 habitantes, que hasta entonces podían cubrir las bajas temporales de los tesoreros municipales con administrativos del Concello pero ahora se les exige que sea un funcionario del grupo A. "Se dio una segunda vuelta de tuerca, y a las penurias que ya teníamos que afrontar en el día a día se sumó una más", cuestiona el presidente de la Fegamp. Por ello, los alcaldes gallegos reclamaron el aplazamiento de esa obligatoriedad en los concellos de menos de esa franja de población hasta que haya convocatorias públicas suficientes o se modifique la Ley de Bases del Régimen Local; una demanda que hacen extensible a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en caso de que se reforma la ley.
