Las nuevas ayudas europeas de la Política Agraria Común (PAC) se afectarán al periodo 2022-2023. Administraciones y agricultores dan por hecho que el Brexit y el aumento de las partidas para gestión de fronteras y seguridad provocarán un recorte en los fondos a repartir de entre un 5% y un 15%.

Ante este tijeretazo, el sector agroganadero gallego reclama nuevos criterios para el reparto de las ayudas porque -advierten- si el recorte es lineal Galicia será una de las comunidades más perjudicadas. El campo gallego recibe cada año alrededor de 200 millones de las ayudas europeas. Los beneficiarios reconocen que la PAC es "imprescindible" para los agricultores y ganaderos gallegos.

A principios del próximo mes de mayo se dará a conocer el presupuesto total de cada país. Y en junio se concretará la propuesta que dará forma a la nueva PAC. En principio, las nuevas ayudas europeas tenían que estar en marcha en 2019 pero al celebrarse ese año elecciones al Parlamento Europeo la aplicación de la nueva PAC no se producirá hasta 2022 o 2023.

Aunque su puesta en marcha es a medio plazo, ya hay negociaciones. Y los agricultores gallegos quieren que se establezcan nuevos criterios para repartir las ayudas que no estén basados, por ejemplo, en la territorialidad. "El nuevo reparto no debe ser por comunidades sino basado en nuevos criterios. Porque Galicia tiene la actividad y Andalucía el territorio y si se reparte según este último criterio salimos perdiendo", explica un agricultor gallego que defiende que el recorte no debe ser lineal para todas las comunidades.

En la actualidad, el importe máximo por agricultor es de 300.000 euros y quieren que esta partida se reduzca para no beneficiar a los grandes terratenientes. También reclaman que se defina mejor quién es el perceptor. "No puede ser que el 30% de las ayudas vayan a jubilados y pensionistas", se quejan desde el sector. "Hay mucho agricultor de sofá que cobra de la PAC sin tener actividad agraria o ganadera", asegura otro agricultor, al tiempo que lamenta que un tercio de las ayudas de la PAC vaya al 7% de sociedades jurídicas o que el 80% de las subvenciones las reciba solo un 20% de los perceptores. Por eso quieren reducir el importe máximo que puede recibir cada perceptor y definir mejor quienes son los que pueden recibir esas subvenciones.

En las negociaciones también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de la cofinanciación. Es decir, que una parte de las ayudas las aporte la UE, como hasta ahora, y que otra parte la abone los estados. El Gobierno español ya ha asegurado que no le gusta esta idea y que no aportará dinero a esta partida.

Los agricultores gallegos se quejan de que con esta medida sus compañeros, por ejemplo, de Alemania o Francia tendrán más facilidades porque sus Gobiernos, que cuentan con más presupuesto, recibirán ayudas estatales. "Debería ser ilegal. Es competencia desleal que haya agricultores que tengan ayudas de su Estado y otros no", apuntan fuentes del sector.

Por último, todos son conscientes de que el presupuesto de las ayudas europeas de la Política Agraria Común se va a reducir y los agricultores gallegos se quejan de que se haya ya instalado esa idea en los Gobiernos. "Los Estados miembros han asumido el recorte de presupuesto. La única política común europea que existe es la Política Agraria Común y van a recortar su presupuesto para la gestión de las fronteras, el incremento de la seguridad y la defensa y el impacto del Brexit. Y nuestros Gobiernos ya han asumido que todo ese gasto se detraiga de los bolsillos de los agricultores", afirman.