Solo la ruptura de la unidad sindical en el comité de huelga rupturacomité dehuelga posibilitó ayer el principio de acuerdo con la Xunta de Galicia para poner fin a un paro indefinido en la Justicia gallega que hoy cumple 80 jornadas. CCOO, UGT, CSIF y USO se desmarcaron de los otros tres sindicatos y aceptaron, en una reunión que acabó en bronca por las diferencias sindicales, la misma oferta económica presentada por la Xunta la pasada semana, con subidas mensuales de sueldo que oscilan entre los 122 y los 140 euros en función de la categoría. Pero el fin de la huelga la decidirán hoy los trabajadores del sector, que están llamados a consulta para votar si apoyan o rechazan la propuesta de la Administración autonómica. Si votan en contra, además de deslegitimar a los cuatro sindicatos supondrá la continuidad de un paro indefinido que se inició el pasado 7 de febrero.

El principio de acuerdo se alcanzó por mayoría, dado que lo avalaron cuatro de los siete sindicatos que forman el comité de huelga. Se opusieron de forma rotunda CIG, Alternativas da Xustiza-CUT y STAJ, que siguen reclamando un incremento salarial de 140 euros lineales para todos los trabajadores. Estos tres sindicatos acusaron a los otros de "traidores" y "vendidos" y de estar negociando con la Xunta por su cuenta y a espalda de las demás centrales sindicales.

La propuesta que hoy votarán los trabajadores -algo más de 2.700- se traduce en una subida de 140 euros al mes para los médicos forenses, de 135 para los gestores, de 127 para el cuerpo de tramitación y de 122 para auxilios. La consulta se celebrará en la siete ciudades entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde.

Este incremento salarial se repartirá en tres ejercicios. El 50% se aplicará ya este año, el 30% en 2019 y el 20% restante, en 2020, siempre y cuando lo validen los trabajadores. La oferta también contempla un plan de recuperación del trabajo paralizado por las jornadas de huelga que se elaboraría con el TSXG y con la Fiscalía y al que podrían adherirse todos los trabajadores del sector de forma voluntaria, hayan o no secundando el paro. Además, incluye una cláusula de revisión para mantener los emolumentos de los funcionarios por encima de la media de las otras 12 comunidades más el territorio ministerio.

La Xunta se declaró "satisfecha" por el acuerdo y pidió a los trabajadores que hoy opinen sobre él en la consulta. Preguntado el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, por los motivos por los que ahora CCOO, UGT, USO y CSIF apoyaron una propuesta que habían rechazado la semana pasada -la Xunta los acusó de echarse atrás tras llegar a un pacto verbal-, contestó que a eso debían responder los propios sindicatos, con los que admitió que hubo encuentros "informales" al margen del comité de huelga.

Los representantes de estas centrales no quisieron hacer declaraciones y se remitieron a un comunicado posterior, en el que sostuvieron que la Xunta les había dejado claro que la "oferta económica era inamovible" y explicaron las reivindicaciones que les trasladaron a la administración.

Sobre la cláusula de revisión, señalaron que exigieron que la primera se estableciese en el último trimestre de 2018 y que se haga efectiva a partir del 1 de enero de los años sucesivos. También reclamaron que los descuentos pendientes de la huelga sean repartidos de forma proporcional en los meses restantes hasta diciembre, incluida la paga extra, algo que aceptó la Xunta.

También aprobó que el plan de recuperación del trabajo que se ha perdido en este tiempo, que debe elaborarse en el "plazo más breve", abarque a todas las oficinas y cuerpos, la consolidación de las plazas de refuerzo con más tres años de duración o mejoras en los juzgados de violencia de género.

Poco antes del principio de acuerdo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había garantizado a los cuatro sindicatos que "velan por los trabajadores" que el Gobierno gallego sería totalmente "leal". "No nos vamos a volver atrás", sentenció.