Tres de los cuatro sindicatos que el pasado jueves alcanzaron un preacuerdo con la Xunta para poner fin a la huelga de Justicia llevarán a la Fiscalía "las coacciones, amenazas, insultos, daños materiales e incitación al odio" por parte de las centrales CUT, CIG y STAJ en la votación que celebraron ayer los trabajadores y en la que se impuso el "no" a la última oferta presentada por el Gobierno gallego.

CSIF, que también había apoyado el acuerdo inicial para terminar con el paro, no firma el comunicado conjunto suscrito por UGT, CCOO y USO pero, fuentes sindicales, aseguran que fue porque no pudieron contactar con ellos y que concuerdan en la valoración de lo ocurrido en la votación de ayer.

De hecho, CSIF denuncia en un comunicado aparte que se intentó "boicotear" la consulta y se compromete a seguir trabajando en dar "una solución definitiva al conflicto".

Por su parte UGT, CCOO y USO denuncian que "la baja participación en un ambiente de coacción no permitió realizar una votacion con garantías". Arremeten contra las tres centrales que no firmaron el preacuerdo, a las que acusan de "intolerancia" y de "tratar de impedir el legítimo derecho fundamental al voto". "Es de una gravedad extrema, lo ocurrido ayer es escandaloso y no debe ser tolerado", denuncian.

Tal y como advierte, los intentos de que los trabajadores ejerciesen su legítimo derecho al voto están "debidamente documentados con imágenes". "Estes hechos vergonzosos deberán ser puestos en manos de la Fiscalía para que los responsables den cumplida cuenta ante la Justicia de los posibles delitos que pudieran cometer", advierten.

Está previsto que el próximo lunes se reúnan los tres sindicatos y valoren de forma unánime lo sucedido.