Casi tres meses de huelga, más de 22.000 juicios suspendidos y decenas de miles de trámites anulados, diez propuestas de subida salarial y hasta veinte reuniones. Es el balance del paro que vive la Administración de Xustiza desde que el pasado 7 de febrero los funcionarios convocaran una huelga indefinida para reclamar un aumento del complemento autonómico transitorio -la parte que debe abonar la Xunta- y así recuperar el poder adquisitivo de antes de los recortes de la crisis. Las posturas están más alejadas que nunca no solo entre el comité de huelga y el Gobierno gallego sino entre los propios sindicatos, divididos en dos bandos.

La ruptura sindical se produjo tras la votación del viernes de la última oferta de la Xunta a la que se había llegado a un preacuerdo con cuatro de las siete organizaciones -UGT, CCOO, SPJ-USO y CSIF-, mientras las otras tres centrales -CIG, Alternativas na Xustiza-CUT y STAJ- defendían la última propuesta del comité de huelga de 140 euros lineales para las tres categorías.

Los 2.700 funcionarios de la Administración de Justicia estaban llamados a las urnas para decidir sobre la propuesta del Ejecutivo autonómico y, con una participación del 58%, -unos 1.582 trabajadores- el resultado fue un 53% en contra de la oferta y a favor de seguir con la huelga. Las votaciones se celebraron en un ambiente de tensión en la mayoría de los juzgados de las siete grandes ciudades, sobre todo en Vigo, donde tuvo que intervenir la Policía Nacional. Tres de los cuatro sindicatos que promovieron el preacuerdo acusan de "coacciones, amenazas, insultos, daños materiales e incitación al odio" a los otros tres "en base a hechos documentados con imágenes" y denuncian que trataron de impedir la votación "con una actitud agresiva". Por eso, estas tres centrales -UGT, CCOO, SPJ-USO- se reunirán a principios de la próxima semana para acordar "medidas legales" como presentar ante la Fiscalía los incidentes con el objetivo de que los responsables respondan ante la Justicia "por los delitos que pudieron cometer". Consideran que impedir el derecho a voto con una "persecución intolerable" es una actitud "vergonzosa" y "más propia de un régimen fascista que de una democracia". Además, critican que el "no" ganó por "un escaso margen" de 90 papeletas -841 noes frente a 743 síes- y "teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollaron las asambleas" creen que el resultado "no es significativo".

El sindicato CSIF, aunque forma parte del bloque de los cuatro que llegaron al preacuerdo con la Xunta, se desmarcó ayer del comunicado conjunto y destacó el compromiso de la organizacion de someter la propuesta a la voluntad de los trabajadores, respetando su derecho a opinar sobre una posible salida al conflicto y también su respuesta negativa en las urnas. "Los trabajadores de Xustiza venían demandando opinar sobre la huelga, lo que no implicaba la aceptación del acuerdo sino el derecho a decidir sobre sus condiciones laborales", insisten. En esta línea, hablan también de los "insultos y amenazas" por parte de un grupo de funcionarios que, en su opinión, pretendían "boicotear" la consulta pero, a diferencia de CCOO, UGT y SPJ-USO, sí admiten que los trabajadores "dejaron claro" su postura al considerar "insuficiente" la propuesta de acuerdo que la Xunta trasladó al comité.

Por su parte, las tres organizaciones sindicales que rechazaban la oferta del Gobierno gallego negaron "impedimentos" para ir a votar y ahora recogen el guante de los trabajadores para "intentar llegar a un acuerdo mejor". Serán ahora los que tengan la iniciativa aunque volver a unir a las siete organizaciones que integran el comité de huelga en un momento de máxima tensión con acusaciones mutuas parece poco probable a corto plazo.

De todas formas, desde este frente no ven tan lejos la solución siempre que la Xunta "reflexione" que la última oferta de los sindicatos "no les supondría ningún esfuerzo añadido". Aunque en esa propuesta se hablaba de 140 euros lineales aclaran que, a estas alturas, "ya no se trata de una cuestión económica" sino de "cerrar un conflicto con un acuerdo en que la paz social esté garantizada a largo plazo". En este sentido, hacen referencia a la cláusula de revisión que propone el Gobierno gallego para mantener los salarios por encima de la media de las otras 12 comunidades más el territorio ministerio. Para los sindicatos en desacuerdo se trata de "una soga al cuello" a los empleados porque, una vez que sus sueldos se sitúen en el séptimo lugar de la tabla de autnomías, no podrán "emprender una nueva reivindicación". Desde el Ejecutivo autonómico alegan que su cláusula permitía que los trabajadores gallegos siempre estuviesen en la media y "los sindicatos piden ser siempre cuartos".

CIG, Alternativas na Xustiza-CUT y STAJ apuntan que ahora "tiene que mover ficha" el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, y "llamar" a estas tres centrales a negociar, pese a que también reclaman su cese. "Si no convocan una nueva reunión será la Xunta la que alargará la huelga", sostienen los representantes de estas centrales.

Los siete sindicatos que integran el comité de huelga estuvieron de acuerdo en sus peticiones hasta que en el último encuentro celebrado el pasado jueves la Xunta logró pactar con cuatro de las organizaciones un preacuerdo que suponía una subida salarial de entre 122 y 140 euros según la categoría, mientras las otras tres se desmarcaban. En teoría no era la primera vez, ya que Rueda reconoció que en la penúltima reunión celebrada el día 17 ya había llegado a un pacto verbal con esas cuatro entidades pero éstas, según explicó, se echaron atrás en el último momento. Y admitió también encuentros "informales" al margen del comité de huelga que, legalmente, es el que tiene la potestad para negociar. Los sindicatos alegaron que el cambio de opinión para aceptar la semana pasada el preacuerdo que habían rechazado días antes se debía a que "no conocían la letra pequeña, sino solo las cantidades de subida salarial".

La última oferta de la Xunta presentada en la penúltima reunión del 17 de abril, se traduce en 140 euros más para los forenses, 135 a los gestores, 127 para tramitadores, y 122 a auxilios, subidas que se aplicarían en tres años. Ahora se abre un nuevo escenario para retomar el diálogo porque no solo una diferencia de 12 euros impide cerrar el conflicto sino las condiciones de la cláusula de revisión y, ahora, la división en el comité de huelga.