Aunque la votación del pasado viernes provocó de entrada una división entre los sindicatos que se sientan en el comité de huelga de Justicia, la mayoría de las organizaciones sindicales aceptaba ayer los resultados del escrutinio que rechaza la propuesta de la Administración gallega por casi un centenar de votos de diferencia y entendía que los trabajadores les envían un mensaje: el de seguir negociando.

Los tres sindicatos críticos con la consulta -Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ- pusieron ayer sobre la mesa retomar los encuentros con la Xunta mañana mismo con base en la propuesta que rubricaron por unanimidad el día 18 -140 euros lineales- y no levantarse hasta alcanzar un acuerdo. No obstante, desde el departamento que dirige Alfonso Rueda avanzan que el Ejecutivo gallego no acudirán a esa cita porque se entiende que se "alcanzó un preacuerdo" y se trataba de la "oferta definitiva".

De hecho, el número dos de la Xunta insistía ayer en que mantiene la propuesta realizada por la Administración autonómica -de entre 140 y 122 euros, según los cuerpos, y garantía de revisión para mantener a los funcionarios gallegos por encima de la media autonómica- y lo hacía censurando que la votación del pasado viernes se realizó bajo "coacciones y amenazas". Sin embargo, los cuatro sindicatos firmantes del preacuerdo al que dijeron "no" los trabajadores aseguraron ayer que no denunciarán al resto de integrantes del comité a la Fiscalía, como habían planteado el sábado, y atribuyeron la nota en la que reprochaban "un ambiente de coacción" a "fruto del calentón".

Así lo señaló un portavoz de CCOO, Constantino Novoa, a Efe. Precisamente este sindicato se emplaza al miércoles a un encuentro para decidir su posición y si continúa o no en el comité de huelga, indicó. El resto expresaba ya ayer su postura: SPJ-USO, sindicato mayoritario en el sector, proclamaba que la voluntad "mayoritaria" de los votantes les obliga a solicitar a la Xunta que prosigan las negociaciones, pero no explicitaba si se sumaría a la "unidad sindical" a la que llamaron ayer las organizaciones críticas. De hecho, envió su propio requerimiento a la Xustiza para negociar "lo antes posible". Por escrito plasman que su compromiso es trabajar "por negociar hasta alcanzar una propuesta que sea aceptada mayoritariamente en las asambleas".

Fuentes de UGT también indicaron que defienden la negociación y que no impugnarán el acuerdo. Lo que sí piden, como explicaron en una nota, es que CUT, STAJ y CIG se retracten de las acusaciones de "traición y convivencia" y apuntan que aunque hasta ahora las reuniones con la Administración se realizaron en el comité "existen otros ámbitos de negociación, mesa sectorial, sindicatos representativos y capacidad plena de obrar". Además, requieren a los tres sindicatos críticos con el preacuerdo que identifiquen "claramente" qué parte de la propuesta "no les valía".

Por su parte, CSIF dejó claro a través de un comunicado que considera "válidos" los resultados del viernes -cuya consulta avaló porque así lo hizo "la mayoría" del comité de huelga-, pero que da por "rota la unidad sindical" tras "los insultos, coacciones y amenazas" de los "sindicatos que boicotearon la consulta". De ese modo, alegan, seguirán en el comité de huelga, pero adelantan ya que "adoptará, en el seno de la negociación, la posición que considere oportuna exclusivamente en defensa de los intereses legítimos" de los funcionarios a quienes representan.

Los tres sindicatos que criticaron en primera instancia la consulta insisten en que el punto de partida para las conversaciones sea la propuesta "unánime" del comité del pasado día 18, que contempla 140 euros lineales, una cláusula que permita a los trabajadores gallegos mantener el cuarto puesto entre las autonomías, que se alcanzaría en 2020, y un plan de recuperación del trabajo. Un portavoz de la CIG indicó ayer que la parte del complemento autonómico transitorio "no será lo que obstruya el acuerdo", dado que lo vital es la cláusula de revisión y el plan de recuperación.

En la jornada de ayer se cumplían 83 días de paro con un seguimiento de 612 personas, según cifras de Vicepreside ncia de la Xunta, que señala que 302 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada (hay que tener en cuenta que hoy es festivo) y que 775 participaron en los servicios mínimos.