El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detenido a una docena de ganaderos, alguno de ellos de Galicia, que comercializaban ilegalmente con ganado vacuno. Los arrestados usaban el crotal o "DNI animal" de terneros españoles que morían de forma temprana en otros de origen desconocido simulando que habían sido criados en explotaciones ganaderas. Así solo pagaban el valor del animal ahorrándose los costes veterinarios y de mantenimiento con la posibilidad además de acogerse de forma fraudulenta a subvenciones por el número de cabezas, las condiciones de cría o por raza con los crotales de terneros fallecidos como si fuesen criados en las explotaciones.

Con esta actividad ilegal, las dos organizaciones desmanteladas por la Guardia Civil facturaron dos millones de euros. La operación se llevó a cabo en Galicia, Asturias, Cantabria, Andalucía, Castilla y León y Extremadura y permitió la desarticulación de las dos redes y la investigación de los 12 detenidos a los que se les imputan supuestos delitos de estafa, contrabando, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

El inicio de la investigación se remonta a 2016 cuando una patrulla del equipo ROCA -de lucha contra el Robo en el Campo- de la Comandancia de Gijón interceptó a una persona que llevaba en su vehículo varios crotales. Aunque "parecían nuevos para ser usados como documento de identidad de los terneros que fuesen a nacer", los agentes descubrieron que los elementos tenían "pequeñas muescas que indicaban que ya habían sido usados".

Cada crotal cuenta con un número y una clave única para garantizar la trazabilidad de la salud del animal y conocer sus condiciones de cría. La investigación, en la que colaboraron los Gobiernos autonómicos de varias comunidades con el intercambio de información, permitió acreditar más de 200 casos en los que el animal sacrificado no procedía de la línea materna declarada.

A través de multitud de análisis se constató la existencia de dos grupos que se dedicaban a retirar los crotales asignados a un ternero que había fallecido y, en lugar de notificarlo a las autoridades competentes, guardaban ese identificador hasta que pudiesen emplearlo con otro ternero, que había sido comprado en el extranjero a un precio más bajo que si fuese criado en España, antes de mandarlo al matadero. Aún así, desde el Seprona aclaran que todas las reses que iban a la cadena de consumo humano se sometieron a todos los controles sanitarios obligatorios para los negocios de sacrificio, pese a que los infractores se hubiesen saltado las normas previas relacionadas con el cumplimiento de las garantías sanitarias.

Para poder llevar a cabo las alteraciones de los crotales, alguno de los detenidos había creado explotaciones virtuales en las que acumulaban cientos de cabezas de ganado. Aunque declaraban elevadas cantidades de animales en un espacio físico que solo podría albergar una pequeña parte, en la base informática trasladaban las reses "a su conveniencia" para evitar ser controlados. La investigación del movimiento virtual de más de 100.000 cabezas constató que no siempre se producía la transacción.