La Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino No y la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa reclamaron ayer a la Valedora do Pobo su intervención después de que, transcurridos tres meses, la Xunta no haya facilitado el expediente administrativo que solicitaron de la concesión de la mina de cobre. La alta comisionada, Milagros Otero, decidió "actuar de oficio" tras las quejas.

Los representantes de unos 40 colectivos sociales denuncian una "ocultación" premeditada por parte del Gobierno gallego en relación al proyecto minero de los municipios coruñeses de Touro y O Pino.

Extremo que negó ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que aseguró que existe "absoluta transparencia y absoluta legalidad" en la tramitación y que por ello, la Xunta dará "cumplida tramitación" a la queja de la Valedora cuando esta se tramite.

Retrasos

Según destacaron los representantes de los colectivos tras el encuentro con Milagro Otero, esta petición de información está "amparada en la Ley de Transparencia" por lo que están en su derecho de que se les ofrezca la información requerida "en forma y plazo", pero denuncian que se está incurriendo en "retrasos constantes".

Los representantes han sido acompañados a la sede de la Valedora por el diputado de En Marea Antón Sánchez, el del PSdeG Julio Torrado y por la parlamentaria del BNG Montse Prado.

"Están ocultando información. Creemos que el acceso a la información pública es un pilar de la democracia y están poniendo muchas pegas, lo que indica que están ocultando algo", advirtió en declaraciones a los medios el portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido.

Sin embargo, el número dos del Ejecutivo gallego defendió que todavía se está en proceso de tramitación, mientras que la documentación que se está estudiando está "a disposición de cualquiera" a través de internet y también en la jefatura territorial de la provincia de A Coruña. No obstante, sostuvo que el deber de la Xunta es "tramitar una autorización" solicitada por una empresa, por lo que "si se cumple, la tramitará y la autorizará; y si no se cumple, no lo hará".

Los colectivos reclaman a la Dirección Xeral de Enerxía e Minas (que dirige Ángel Bernardo Tahoces) que los expedientes e informes sobre la explotación minera del municipio coruñés -sin actividad desde 1988- desde su puesta en marcha en la década de los 50 hasta la actualidad. De este modo, piden a la Xunta que ponga "luz y taquígrafos" sobre las inspecciones y analíticas realizadas, las medidas de restauración y rehabilitación que se tomaron y posibles subvenciones o multas que haya recibido el proyecto; todo ello con la finalidad de saber si la Administración autonómica "miró para otro lado mientras degradaban el medio y causaban un daño medioambiental".

Rubido denuncia que la antigua mina "drena toda su actividad" al río Ulla, "que en muy poco tiempo" lleva esa agua contaminada a la ría de Arousa, "la despensa de Galicia". Criticó también que la Xunta juegue con el "paso del tiempo" ante la posibilidad de que se autorice una nueva explotación minera en la zona, informa Europa Press.