El PP tumbó ayer una propuesta socialista para tratar de finalizar la construcción de las 50.000 viviendas inacabadas que se estima existen en la comunidad gallega, forzando a los propietarios a acometer esas obras, incluyendo a las que están en manos del conocido como banco malo, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) que se quedó con los pisos en manos de las entidades financieras que la crisis se llevó por delante.
La propuesta también abogaba por elaborar un informe pormenorizado sobre las edificaciones sin concluir en la comunidad, medida que ya pusieron en marcha algunos concellos a mediados del año pasado a instancias de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), tal y como ya había avanzado este periódico.
La diputada socialista María José Pierres defendió ayer una proposición no de ley en el Parlamento para pedir a la Xunta aplicar varias medidas con las que enfrentar algunos de los problemas de la vivienda en Galicia generados en parte por la crisis. Además de instarla a tomar medidas para elaborar el citado mapa y forzar a la Sareb y los "grandes propietarios" de pisos que "ejecuten la finalización de obras", añadía la necesidad de fomentar el fondo de cooperación de la Xunta para ayudar a los concellos a ejecutar la finalización de fachadas y edificios de forma subsidiaria y cargarles luego la factura a los dueños.
Esa última iniciativa ya existe y, de momento, ha fracasado en su objetivo. El Ejecutivo la puso en marcha el verano pasado para ayudar a los concellos de menos de 50.000 habitantes -todos en Galicia menos las siete ciudades- a atajar el feísmo. Lo dotó de 10 millones de euros que detrajo de las fianzas que los dueños de pisos alquilados en la comunidad deben depositar en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Solo cinco municipios recurrieron a esa partida y recibieron 2,4 millones de préstamos a interés cero que deben devolver en ocho años. Se trata de Parada de Sil, O Barco de Valdeorras, Rubiá, Xunqueira de Ambía y Boiro.
Ayudas
Los 7,6 millones restantes se derivaron a una nueva convocatoria abierta el pasado 28 de marzo y cuyo plazo de solicitud expira el 31 de octubre.
Pierres criticó la negativa del PP a sumarse a su iniciativa y centrar su postura en la lucha contra las fachadas sin acabar de la comunidad. Para la socialista esa cuestión es "solo una de las consecuencias parciales" del problema de la vivienda generado por la crisis.
Los populares intentaron consensuar la iniciativa, debatida en comisión parlamentaria, con el PSdeG, limitándola a instar a la Xunta a colaborar con la Fegamp en la elaboración del informe sobre viviendas inacabadas y a ofrecer a los concellos asumir las "competencias en la vigilancia y control de las fachadas inacabadas", a través de la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU).
Pierres criticó esa oferta de texto consensuado "desvirtuando la propuesta y alejándose del verdadero problema al reducir el problema de viviendas inacabadas a solamente las fachadas inacabadas".
En la actualidad, los bancos tienen 2.500 pisos vacíos en propiedad en la comunidad gallega, de los que el 20% se encuentra en las ciudades. El stock se redujo en año y medio un 16% tras la venta de medio millar.
