Entre 1949 y 1982 ocho países tiraron bidones con 140.000 toneladas de residuos nucleares al Atlántico frente a las costas europeas, en la denominada Fosa Atlántica. Justo hace 35 años, Holanda lanzaba la última carga de basura nuclear a 650 km de Galicia. La Comisión Europea no prevé inspeccionar el estado de estos residuos vertidos y sus efectos en la Fosa Atlántica. En una respuesta al eurodiputado socialista José Blanco, explica que "no ha recibido ninguna prueba sobre la necesidad de realizar nuevos estudios del estado de los residuos radioactivos vertidos en la fosa atlántica".
Bruselas también concreta que al menos hasta 2020 no está previsto controlar la radioactividad en esta zona. Explica que la UE tiene un programa de verificación para comprobar que los Estados miembros controlan y miden la radioactividad en el medio marino, pero en el calendario aprobado hasta 2020 no se incluye la revisión de la Fosa Atlántica.
José Blanco no es el único eurodiputado gallego preocupado por la cuestión. La parlamentaria nacionalista Ana Miranda también se ha interesado en Bruselas y ha exigido las inspecciones del estado de los residuos vertidos frente a las costas gallegas. La diputada del BNG recuerda que en 2007 la Eurocámara consideró necesario acometer inspecciones y quiere saber qué se ha hecho hasta el momento.
En una respuesta a una pregunta anterior del exministro de Fomento, la Comisión ya admitía el pasado mes de enero que no tiene "conocimiento de nuevos estudios científicos" sobre el estado de los residuos de la Fosa Atlántica. Aseguraba también que "las autoridades españolas no han planteado a la Comisión la necesidad de tales estudios".
En la primera pregunta que formuló José Blanco, coincidiendo con el 35 aniversario del último vertido, la Comisión Europea ya le contestó el pasado agosto que "como desde febrero de 1996 es permanente la prohibición de verter residuos al mar, no están planificando nuevos estudios científicos sobre el estado de los residuos vertidos".
La Unión descargaba entonces cualquier responsabilidad sobre el Estado español, pues es quien tiene la competencia de controlar "de forma permanente el índice de radioactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo en su territorio".
