La Xunta trabaja ya en la elaboración de un plan de recuperación de las horas pérdidas durante la huelga de Justicia que arrancó el pasado 7 de febrero y que ha suspendido mas de 25.000 juicios. El plazo de recuperación podría superar el año.

El martes, el comité de huelga (en el que participan tres de los siete sindicatos que arrancaron el conflicto y que cuenta con el 66% de los votos en las últimas elecciones sindicales) acordó interrumpir el paro. Ayer, según la Xunta, la huelga fue secundada por el 3,46% de los trabajadores (porcentaje muy similar al del martes, también inferior al 4%).

El plan de la Xunta, que no se puede poner en marcha hasta que no se cierre el acuerdo con los sindicatos, está siendo confeccionado por la Consellería de Presidencia con el beneplácito del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Fiscalía Superior.

Sin embargo, en estas conversaciones no están presentes los representantes de los trabajadores y es algo que estos critican. "Nos gustaría participar en la elaboración del plan y cómo se va a distribuir el trabajo que se ha perdido en estos tres meses porque somos los afectados", requirió ayer el presidente del comité de huelga, Julio Bouza, quien recordó que el conflicto aún no se ha cerrado e instó al Gobierno gallego a que se siente a negociar con los sindicatos. "¿Qué garantías tiene la Xunta de que los trabajadores se van a apuntar a ese plan sino participan en su elaboración?", se preguntaba ayer, Óscar Freixedo, de la CIG.

La adhesión al plan es otra de las discrepancias entre las partes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió ayer en que el plan implica a "todos" los trabajadores que quieran realizar las horas extra de forma voluntaria, y no solo a aquellos que han secundado la huelga como habían solicitado en un principio los sindicatos. Ahora, el comité de huelga es partidario de que sean "todos" los empleados los que puedan acceder a esa bolsa de trabajo aunque Julio Bouza explicó que "el que no hizo huelga no tiene más carga de trabajo". "Entendemos que los primeros que tienen que entrar son los que han hecho huelga porque tienen más trabajo atrasado", reconoció.

Feijóo también tuvo ayer duras palabras para los sindicatos CUT, CIG y STA, contrarios, en un principio, a la última oferta de la Xunta. El presidente gallego denunció que "tres sindicatos llevan meses ocultándoles la verdad a los trabajadores, diciendo que podían recupera el salario" que perdieron por las movilizaciones. "Esto es falso y es ilegal", advirtió Feijóo. El presidente del comité de huelga le respondió al asegurar que "nadie pide que se pague por haber hecho la huelga".

El Partido Popular aprobó ayer en solitario que el Parlamento de Galicia condene las actitudes mostradas por "un sector sindical" al que acusó de "insultar" a los trabajadores que acudieron a votar el pasado 27 de abril en asambleas la oferta presentada por la Xunta para poner fin a la huelga indefinida. La proposición no de ley contó con el voto en contra del BNG y la abstención de PSdeG y En Marea.

"Creo que todos los que estamos aquí condenamos las imágenes que hemos visto..., incluso se produjeron daños en el vehículo de un particular", explicó el diputado popular Jacobo Moreira en el pleno de la Cámara, donde aseguró que la votación, en la que un 52,8% de los funcionarios dijo no a la propuesta de la Xunta, no se desarrolló ni bajo un "clima" adecuado ni "con las garantías necesarias".

Todos los grupos de la oposición coincidieron en censurar que la "primera iniciativa" que el PP lleva a la Cámara "en cuatro meses" sobre el conflicto en la Justicia no incluya ninguna propuesta de solución. Luís Bará (BNG) acusó al PP de "manipular y mentir" con "absoluto descaro". El diputado nacionalista aseguró que son los trabajadores los que tienen el derecho a decidir si el acuerdo cumple sus reivindicaciones. "No consiguieron ganar la votación y por eso ahora tienen este espíritu de venganza", señaló".

La socialista Patricia Vilán afeó a los populares que "no presentasen ni una sola iniciativa relativa al conflicto en la Cámara". "Demuestran que no les interesa ni el conflicto ni la justicia", destacó.

Tras ella, Carmen Santos (En Marea) censuró que el Gobierno gallego esté "más preocupado" de "tergiversar los motivos de la huelga" y "criminalizar" para tapar el fracaso de Alfonso Rueda, conselleiro de Xustiza, que de "solucionar el conflicto".