El Ministerio de Fomento planteará hoy a Audasa, la concesionaria de la autopista AP-9, el levantamiento de las barreras del peaje en caso de atascos. La petición la realizará en una reunión en Galicia en la que participarán la propia Audasa, el director general de Carreteras y la Subdelegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje (dependiente del secretario general de Infraestructuras). El encuentro, según fuentes de Fomento consultadas por Europa Press, tiene por objetivo analizar "posibles medidas", entre ellas la de levantar barreras, en caso de que se produzcan retenciones como las que están produciendo en las últimas semanas en el entorno del puente de Rande.

Estas retenciones (que la AP-9 registra desde hace años con cierta periodicidad y en épocas determinadas como la estival) se producen ahora en un contexto de obras por acabar en Rande.

Las obras continúan a pesar de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inauguró la ampliación del puente junto al titular del ministerio, Íñigo de la Serna, el pasado 30 de diciembre, algo que la oposición vincula a la intención de Audasa de poder aplicar una subida de las tarifas a partir del 1 de enero. Finalmente, ese incremento aún no se aplicó y las actuaciones en el puente de Rande han proseguido. Ante las críticas de usuarios y partidos, y la petición del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el departamento de De la Serna dio el compromiso la semana pasada de que los trabajos "que afectan al tráfico" terminarán el 31 de mayo. No así otras tareas, que seguirán después de ese día, de pintado del puente y labores arqueológicas, según indicó el propio ministerio.

Tanto la política tarifaria como los problemas de atascos llevaron al Parlamento gallego a pedir, por unanimidad de los grupos, el traspaso de la titularidad de la AP-9 a Galicia, demanda que fue vetada en dos ocasiones en la Mesa del Congreso de los Diputados, que preside la popular y diputada por Pontevedra Ana Pastor.

Hace justo siete días, la Cámara autonómica lo solicitó por unanimidad por tercera vez, en esta ocasión amparándose en el reciente fallo del Tribunal Constitucional que limita el veto del Gobierno a leyes que afecten a su gasto en el presupuesto en curso.