Los jueces y fiscales gallegos colgaron ayer su toga en una jornada de huelga estatal para exigir mejoras salariales y despolitizar la Justicia. Casi 170 magistrados y entre 70 y 80 fiscales que ejercen en la comunidad gallega secundaron ayer el paro, lo que supone la mitad del personal en ambos casos. A nivel nacional, el seguimiento alcanzó el 66% en el caso de los jueces, con 3.524 que apoyaron la protesta de una plantilla de 5.337, mientras que en los efectivos del Ministerio público respaldaron la huelga 1.295 fiscales, el 51% del total.

La participación en la protesta provocó la suspensión de 146 juicios y tomas de declaraciones en Galicia, 135 de estas actuaciones en órganos unipersonales y 15 en las Audiencias provinciales. Los jueces gallegos que participaron en la protesta también suspendieron las vistas orales. Después de los cuatro paros parciales de una hora y una vez a la semana que arrancaron el pasado abril, la huelga de ayer duró toda una jornada. De esta forma, reclaman más medios humanos y materiales, un mejor funcionamiento de los programas informáticos y actualizar sus salarios, congelados desde 2008, con una bajada del 10% y pérdidas de poder adquisitivo. En este sentido, critican que no se haya convocado la mesa de retribuciones para solicitar un aumento salarial que permita recuperar los recortes de los últimos ocho años, según denuncian las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales.

Por primera vez, las siete organizaciones se unen para convocar una jornada de paro -la cuarta en toda la democracia- con la que pedir cargas de trabajo saludables. En el caso de los fiscales se reivindica reforzar la autonomía presupuestaria del Ministerio público, derogar los plazos máximos de instrucción mientras no haya más medios y atribuir la formación a la Fiscalía General del Estado.

También pedían una subida salarial y recuperar el poder adquisitivo de antes de la crisis los funcionarios de la Administración de Xustiza de Galicia que desde el 7 de febrero hasta el pasado viernes estuvieron en huelga. En las últimas semanas la incorporación de gestores, tramitadores y personal de auxilio ha sido masiva y solo sigue en huelga el 3% de los 3.000 trabajadores de la plantilla. El paro de ayer agrava aún más el colapso judicial en la comunidad y pone a casi todos los profesionales del sistema en jaque por sus condiciones laborales. Si en los últimos tres meses durante el paro de los funcionarios en las oficinas judiciales trabajaban jueces y fiscales con los letrados de la Administración de Justicia y el personal de Xustiza que cubría servicios mínimos o no apoyaba la protesta, ayer la mitad de magistrados y fiscales faltaban a sus puestos.

Los participantes en la protesta aclaran que no se trata solo de "un problema de sueldo", sino de que los ciudadanos puedan acceder a "una Justicia de calidad y del siglo XXI". En esta línea, las asociaciones convocantes piden cambios que refuercen la independencia del poder judicial del político. Y se quejan del "caso omiso" a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que los nombramientos judiciales se hagan conforme a los criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia. Desde este organismo, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se solidarizan con sus compañeros por la defensa de unas reivindicaciones que ven "justas y legítimas" aunque no secundaron el paro porque se lo impide su posición institucional.