El Ministerio de Agricultura tenía previsto tener aprobado el decreto del origen de la leche el verano pasado y casi un año después sigue sin entrar en vigor y no se ha vuelto a avanzar en su tramitación desde que el Gobierno central enviase el borrador a la Unión Europea en septiembre de 2017. Además de la demora, ahora surgen críticas desde la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC) a este reglamento.

El departamento estatal pretende que en el etiquetado de la leche y los productos lácteos se indique de forma obligatoria el origen de la materia prima utilizada. Solo quedarían exentos de su aplicación los productos amparados por Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas porque ya cuentan con sus sellos y se rigen por sus propios pliegos de condiciones. Para Competencia, sin embargo, esta medida puede dar lugar a una restricción a la libre circulación de mercancías y tener un efecto proteccionista sobre la industria nacional.

El organismo aboga en un informe publicado esta semana por otras medidas alternativas "menos gravosas" como el desarrollo de denominaciones de origen que permitan garantizar la calidad de los productos y beneficios para los consumidores pero "sin restringir la libre circulación de productos".

La CNMC recomienda justificar con detalle su relevancia para los consumidores. Aunque países como Francia, Portugal, Italia, Grecia. Lituania o Finlandia han aprobado decretos similares, para el organismo el hecho de que otros Estados comunitarios tengan en vigor normativas similares no es un argumento de peso suficiente. En este sentido, insiste en la necesidad de que el Ministerio aclare los motivos por los que se debe aprobar la norma y cómo va a contribuir a proteger los intereses del sector y los consumidores.

Desde Galicia, con un 40% de la producción láctea e toda España, ya han reaccionado al informe de Competencia. El sindicato agrario Unións Agrarias confía en que el Gobierno central siga adelante con la tramitación del etiquetaje obligatorio de leche y sus derivados y no escuche "las teorías de falso liberalismo" de la CNMC, a la que acusan de "atacar una vez más la viabilidad de las explotaciones lácteas gallegas". El responsable de Desarrollo Rural de la organización, Óscar Pose, recuerda que la Comisión Europea planteó este etiquetaje para proteger los derechos de los consumidores. Y pone como ejemplo el caso de Francia, que desde 2015 cuenta con el sello Made in France que "ha permitido reducir las importaciones de leche en un 45%".