El pasado mes de octubre fue brutal para los incendios en Galicia. En apenas un fin de semana se quemaron algo más de 49.000 hectáreas y las llamas se cobraron cuatro vidas. El fuego se mostró especialmente virulento en una docena de concellos de Pontevedra y Ourense. A falta de ocho días para que expire el plazo por el que concellos y particulares tienen que dejar limpias las franjas de seguridad -50 metros alrededor de núcleos urbanos y edificaciones aisladas-, los ayuntamientos de la zona cero de la última ola de incendios admiten que carecen de medios -mecánicos, humanos y económicos- para cumplir con los objetivos de desbroce, pero también para identificar y sancionar a los vecinos que desistan de limpiar de maleza sus fincas antes del 31 de mayo. En una entrevista a este periódico, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, advertía el fin de semana pasado de que es "imposible" tener todas las franjas limpias para la fecha fijada por la Xunta. "Identificar a los propietarios es una tarea compleja, este verano el monte no estará limpio; el proceso llevará de dos a tres años", sentenciaba.
Los concellos son los que deberán comprobar que los particulares cumplen con la obligación de desbrozar sus tierras para prevenir los incendios, además de multarlos y realizar las tareas de limpieza de forma subsidiaria para luego trasladarles los costes a los propietarios. Pero esta acción sancionadora tampoco resulta muy operativa por las dificultades para identificar a los dueños debido a las deficiencias que presenta el Catastro, sin contar con que el propietario sea desconocido o resida en el extranjero.
►Ponteareas. Fue el concello más asolado por las llamas en octubre, que consumieron unas 9.000 hectáreas de su superficie. Para el próximo día 31 son 18.000 las parcelas que tendrían que estar desbrozadas, pero "miles de ellas" no lo estarán. "Es imposible. Es un problema inabarcable", asegura el alcalde, Xosé Represas, que conoce el número de fincas afectadas porque el Concello está elaborando un plan específico de prevención del fuego.
El regidor percibe mayor colaboración de los vecinos, pero advierte de que la estructura de la propiedad, la despoblación y el envejecimiento hacen muy complicado que se pueda cumplir con la obligación de desbrozar. Y no cree que el concello pueda realizar estas labores de forma subsidiaria: "Necesitaríamos docenas de trabajadores y fondos para hacer los contratos, pero no hay recursos". "No se puede solucionar el problema trasladando de golpe la responsabilidad a los municipios ni abriendo expedientes a los vecinos", defiende Represas, para quien la opción de las multas solo sería aplicable a los casos más graves.
►Melón. Los incendios de octubre devoraron 6.000 hectáreas en este municipio ourensano. Fue el segundo más afectado. Pero para el 31 de mayo será imposible cumplir con la obligación de limpiar. "Lo intentaremos, pero lo veo difícil. Somos un ayuntamientos pequeño y con pocos medios. Ojalá lo podamos hacer, pero no creo", asegura la alcaldesa, Cristina Francisco. Tampoco cree que la sanción resuelva el problema, porque, advierte, "los culpables son los que plantan fuego". "Intentamos que todos cumplan, pero hay gente mayor, otra que desconoce que tiene que desbrozar, hay fincas con propietarios desconocidos...", añade.
►Nigrán. "La realidad es la que es y no se le pueden pedir milagros a los concellos. No se nos puede derivar todo el peso de la prevención. Es un mandato muy grande para el que no recibimos ningún apoyo", declara el regidor de Nigrán, Juan González Pérez. A este ayuntamiento pertenece Chandebrito, una aldea que quedó calcinada en octubre. "Podemos decir que ahí se va a cumplir el 90% del desbroce porque ya ardió", lamenta el regidor.
►As Neves. Se enfrenta a los mismos retos que los demás ayuntamientos. "Es materialmente imposible que los concellos asuman la gestión de forma subsidiaria", sostiene el alcalde, Xosé Manuel Rodríguez. Su ayuntamiento tiene un presupuesto de 2,2 millones de euros y no tienen capacidad para hacer lo que la Xunta le pide, al margen de que el alcalde discrepe de la política autonómica en materia de incendios. "Es también un problema del mecanismo utilizado, hay que ir a otra gestión del monte y buscar una perspectiva diferente", concluye.
►Caldas de Reis. El alcalde de este municipio es el más rotundo. No cree que se llegue a limpiar siquiera el 20% de las fincas afectadas. "Es material y técnicamente imposible cumplir con los objetivos el 31 de mayo", sentencia José Manuel Rey. Asegura además que los vecinos están preocupados por desbrozar sus terrenos y que acuden al Concello en busca de consejo e información, pero que resulta difícil. En cuanto a la opción de multarlos, indica que se actuará con cautela y con los que muestren mala fe, eso si lo permite la muchas veces complicada tarea de identificar a los propietarios.
►Lobios. Por mucho que se intente, va a ser imposible cumplir con la ley en este concello ourensano. Sus dimensiones no lo permiten. Además, como advierte su alcaldesa, Carmen Yáñez, la Xunta todavía no ha resuelto la convocatoria Aprol-rural de ayudas para que los municipios contraten personal.
►Asociación Forestal de Galicia. El vicepresidente de Montes Vecinais de la Asociación Forestal de Galicia, Jesús Represas, considera que los concellos carecen de capacidad económica y de medios para afrontar las responsabilidad que la ley de prevención de incendios les atribuye. A eso se suma que cuando quieran actuar, resulte muy complicado identificar a los propietarios por los problemas que presenta el catastro, que además con comunes a toda la comunidad autónoma.
